Si bien las reformas legales a la Ley Electoral, mejor conocidas como el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron aprobadas en diciembre pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos de oposición se han pronunciado en contra de esta iniciativa destinada a recortar la estructura del órgano electoral y ‘compactar’ los proceso electorales.
El 23 de enero, miembros de la oposición interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el Plan B, la cual interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); en particular, buscan impugnar la Ley Federal de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Una de las consecuencias del llamado plan B de AMLO es que la credencial electoral, que también sirve como cédula de identidad, correría el riesgo de desaparecer porque la reforma cancelará las formas de fideicomiso y mantenimiento externo, advierte Ciro Murayama, asesor electoral del INE.
Además, según el consejero del INE, la reforma de la legislación secundaria en materia electoral también «echa a la calle» a todos los empleados de las unidades de servicio del INE que se encargan de la actualización del expediente electoral y el trabajo de cartografía, es decir, las personas que georeferencian de manera adecuada el domicilio de cada una de las y los ciudadanos.
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