El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, instó a la promulgación de la ley general en materia de ciberseguridad antes de que finalice el actual Periodo Ordinario de Sesiones con el fin de establecer y distribuir adecuadamente las facultades y las bases de coordinación entre la federación. estados y municipios en este sentido.

Hizo hincapié en que este tema es de suma importancia para la estabilidad del país, ya que se relaciona con la protección de los datos de seguridad nacional y la información protegida por instituciones soberanas sensibles.

Insistió en que esta orden debería ser una prioridad para el Congreso porque los “hackeos” a la Secretaría de la Defensa Nacional “son sumamente delicados”, por lo que tenía sentido legislar sobre ellos.

Recordó que grupos de ciberdelincuentes han sustraído ilegalmente información de organismos como la Sedena, que “además de evidenciar la vulneración de nuestros sistemas informáticos, ponen en riesgo al Estado mexicano”.

Advirtió que se trata de un llamado de atención “para que aceleremos el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, a fin de proteger la información y los datos que son resguardados tanto por dependencias públicas, como por instituciones privadas, económicas y financieras”.

Mencionó que en México se registraron 80 mil millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre de 2022, más de la mitad de los intentos de 2021, cuando se detectaron 156 mil intentos de robo de información ilegal.

Datos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional muestran que esta unidad atendió 34,000 denuncias de ciberseguridad de ciudadanos desde septiembre de 2020 hasta abril de 2022, principalmente relacionadas con la apropiación indebida de datos bancarios, institucionales y personales.

Por lo tanto, es necesario fortalecer el marco legal del país, ya que el delito cibernético le cuesta a la industria y a los consumidores entre tres y cinco mil millones de dólares cada año, afecta el comercio electrónico y socava la confianza pública en los sistemas digitales.

El Centro Iberoamericano para el Desarrollo e Investigación de la Ciberseguridad, agregó Monreal, informó que más de 33 millones de mexicanos se vieron afectados por el ciberdelito solo en 2017, con daños por $7,700 millones.

“Esta delicada realidad que vive la humanidad en la era del Internet nos obliga a los legisladores a mejorar los marcos legales, a fin de velar por la seguridad y protección de la información, tanto de las dependencias públicas como de las personas y las empresas”.