El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el Senado de la República ya recibió la minuta que amplía el mandato de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
A través de sus redes sociales, el senador anunció que el documento será remitido a las comisiones mixtas de estudios constitucionales y legislativos.
Como toda reforma constitucional, subrayó Monreal, el procedimiento legislativo se aplica en todas las etapas.
El proyecto de decreto reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto publicado el 26 de marzo de 2019, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución política relativas a la Guardia Nacional.
Dispone que en los próximos 10 años -en lugar de los cinco años previstos por la disposición actual- contados a partir de la entrada en vigor del decreto, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, sus capacidades y su asentamiento territorial, el Presidente de la República puede encomendar a la Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública en forma extraordinaria, reglamentada, supervisada, subordinada y complementaria.
También establece que dicha participación debe basarse en el respeto a los derechos humanos.
Ricardo Monreal compartió otro mensaje afirmando que en el Senado “intensificamos el diálogo con todos los Grupos Parlamentarios” y que buscará el consenso en torno a la reforma constitucional.
En un foro en el Centro CitiBanamex esta mañana, el senador advirtió que unos 200,000 miembros del ejército y la marina deben regresar a sus cuarteles para marzo de 2023 si no se aprueba la reforma constitucional, por lo que “habría un problema serio” de inseguridad.
Los legisladores advirtieron que actualmente hay agencias federales y gobiernos locales donde la mayoría de los que realizan tareas de seguridad pública son militares e infantes de marina.
Allí también señaló que ha habido estados donde la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada son más importantes que las policías estatales y locales.
Además, recordó que la reforma constitucional de 2019 estableció un plazo de cinco años en el artículo quinto transitorio para que la Guardia Nacional madure, cree una estructura propia y no dependa del ejército o la armada para ejercer las facultades de seguridad pública.
Ese plazo concluye en marzo del 2023 y “no creo que en un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad, por lo que no creo que sea conveniente, aún, el retorno de los soldados y los marinos a sus cuarteles”.
JZ.
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