Ante un intenso debate y antes de votar en contra, el Senador de la República, Antonio García, destacó que es inconstitucional encomendar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Recordó que la Carta Magna establece categóricamente que debe ser absolutamente “civil”, por lo que la estructura operativa y administrativa de la Guardia Nacional no puede ser trasladada constitucionalmente a la Sedena a través de la reforma de 4 leyes.
“Ello no deja lugar a dudas: jerárquica, administrativa, y funcionalmente, las instituciones de seguridad deben ser de carácter civil. Lo cual significa que sus mandos, sus elementos, sus procesos administrativos, sus funciones y procedimientos deben ser operados y representados por autoridades civiles”.
En segundo lugar, agregó que esta reforma representa una terrible e insalvable contradicción con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente López Obrador y aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 27 de junio de 2019, donde se establece que las instituciones militares estarían activas en el mantenimiento y restauración de la seguridad pública y en la lucha contra el crimen por un período de cinco años que finaliza en 2023, en tanto se completaba la formación de la Guardia Nacional.
“Además, claramente precisa que sería un órgano con mando civil, a pesar de que sus integrantes tuvieran entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que permitiría contar con una institución civil mucho más disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia”.
No obstante, Antonio García precisó que, hasta este momento, ni con la presentación de este proyecto legislativo, se ha aclarado cual es el problema con el actual diseño de la Guardia Nacional.
“Considero, respetuosamente, que hasta que no existan datos claros que justifiquen el cambio en la titularidad de la guardia nacional, mi voto será en contra”.
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