En los primeros dos meses de 2022 se abrieron 117 carpetas de investigación en el estado de Puebla por delitos relacionados con hidrocarburos en territorio poblano. Entre estos se encuentran casos de compra, comercialización, almacenamiento, transporte o distribución irregular de hidrocarburos, derivados del petróleo o petroquímicos.
El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que Puebla ocupa el tercer lugar en el país por número de investigaciones abiertas entre enero y febrero de este año.
Hidalgo fue el estado con mayor número de casos abiertos con 205, seguido del Estado de México con 197; tercer lugar para la entidad de Puebla, cuarto para Veracruz con 94 y Nuevo León con 59 solicitudes.
Su informe da a conocer que en el primer bimestre del año se abrieron 956 expedientes de investigación a nivel nacional; es decir, Hidalgo, Estado de México y Puebla concentraron el 54.2 porciento del total de delitos denunciados.
De acuerdo con el SESNSP, el número de investigaciones por este delito ha disminuido un 29.5 porciento en los últimos años de 2019 a 2021, al pasar de 1,481 expedientes de investigación en el primer año a 1,433 en el segundo.
El Secretariado Ejecutivo no especifica por qué se inició cada caso de investigación, pero la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece que los posibles delitos pueden incluir los siguientes: extracción de petróleo, productos derivados del petróleo o petroquímicos de oleoductos, vehículos, equipos, plantas o propiedades, sin el derecho y sin el consentimiento de cualquier cesionario, contratista, licenciatario, comerciante u otra persona que pueda tenerlo por ley.
Y el que compre, adquiera o comercialice hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos ilegalmente y sin el consentimiento de cualquier cesionario, contratista, licenciatario, distribuidor o cualquiera que pueda enajenar, modificar o alterar hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos en conforme a la ley.
Tales conductas se sancionan con prisión de 4 a 12 años y multa de 4,000 a 17,000 veces el valor de la unidad de medida actual y actualizada, según la cantidad de litros sustraídos ilegalmente.
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