El 16 de febrero de 2026, la plataforma digital X sufrió una interrupción masiva que afectó a millones de usuarios en varios países, dificultando el acceso a sus servicios. La falla, relacionada con problemas de infraestructura, se reportó principalmente en la app móvil y la web, generando incertidumbre y falta de comunicación oficial por parte de la empresa.
El Gobierno de España impulsa leyes para que los dueños de redes sociales enfrenten penas de cárcel por contenidos de odio. Pável Dúrov y Elon Musk rechazan el plan, calificándolo de amenaza a la libertad y la democracia.
El regulador británico analiza si la plataforma de Elon Musk violó la Ley de Seguridad en Línea al permitir que su chatbot, Grok, generara desnudos no consentidos. La empresa podría enfrentar multas de hasta el 10% de sus ingresos globales.
La plataforma presentó fallas en la carga de publicaciones y conexión al servidor en países como México y Estados Unidos. El servicio se normalizó tras dos horas de interrupciones, aunque la empresa no ha detallado el origen del fallo.
El vocero, Paulo Emilio García, rechazó la justificación y, junto con la dirigencia, acusó a X de «censura». El partido busca recuperar el perfil oficial presentando la documentación requerida.
La medida busca mayor transparencia y combatir bots, basándose en los datos de conexión del usuario.
Yaccarino anunció su salida tras dos años al frente de la red social. No se dieron a conocer las causas, aunque su dimisión coincide con polémicas sobre el chatbot Grok y el contenido que permite la plataforma.
Una nueva falla en X dejó sin acceso a usuarios en EE. UU., Europa e India. La comunidad cripto migró a Discord en medio de una jornada crítica para los mercados digitales.
Elon Musk denunció un “ciberataque masivo” contra X, sugiriendo que un grupo coordinado o un país está detrás. Miles de usuarios en EE.UU., Canadá y Reino Unido reportaron fallos en la plataforma, con errores en la carga y mensajes de servidor.
La decisión fue dictada por el juez Alexandre de Moraes, quien instruyó a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) a ejecutar la medida en todo el territorio brasileño.