El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que propondrá modificaciones a la normativa interna del recinto legislativo para sancionar con el descuento de su dieta diaria a los diputados que abandonen el Pleno tras registrar su asistencia.
El coordinador calificó como una práctica «incivilizada» que las y los legisladores de las diversas bancadas pasen lista al inicio de las sesiones y posteriormente se retiren del Salón de Sesiones, dejando curules vacías durante las intervenciones de los funcionarios que acuden a comparecer ante la soberanía.
Las declaraciones del legislador se dieron en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, evento en el que Monreal Ávila recriminó la escasa presencia de diputados en la sesión plenaria.
Para frenar el ausentismo, el líder parlamentario detalló que planteará ante los coordinadores de las distintas fracciones representadas en la Junta de Coordinación Política un mecanismo de pase de lista aleatorio y continuo a lo largo de las audiencias y debates legislativos.
Monreal Ávila señaló que la aplicación de estas medidas de disciplina requiere reformar tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dar fundamento jurídico a las sanciones económicas para quienes incumplan con sus labores en el Pleno.
Procedimientos judiciales e investigación
Cuestionado sobre los señalamientos e investigaciones iniciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la presunta participación de colaboradores del oficialismo en redes de corrupción o delincuencia, Monreal Ávila sostuvo que corresponde a las autoridades competentes desahogar los cauces legales.
El legislador puntualizó que instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) son los órganos encargados de determinar las presunciones, desahogar las pruebas y garantizar el principio de presunción de inocencia respecto a cualquier ciudadano o servidor público investigado.
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