La Cámara de Diputados inició la discusión en el Pleno del dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación estricta de poseer únicamente la nacionalidad mexicana para aspirar o ejercer la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto, busca cerrar lo que el Ejecutivo Federal definió como un «vacío interpretativo» en el texto constitucional vigente. Aunque la Carta Magna ya exige ser mexicano por nacimiento para ocupar dichos cargos, la modificación fija la prohibición explícita de adquirir o mantener lealtades jurídicas o políticas con Estados extranjeros durante el ejercicio del servicio público.
En lo relativo al Artículo 82, la reforma conserva la exigencia de ser mexicano por nacimiento e hijo de madre o padre mexicanos, así como la residencia mínima de 20 años en el país. No obstante, incorpora de forma textual el requisito de no tener ni adquirir otra nacionalidad, obligando a los aspirantes a presentar la renuncia formal correspondiente ante las autoridades pertinentes antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
Criterios idénticos se replican en las modificaciones al Artículo 116 y al Artículo 122, regulando los requisitos para mandatarios estatales y la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con el documento, quienes ya ejerzan la titularidad de estas instancias no podrán tramitar pasaportes o identificaciones extranjeras, acogerse a la protección diplomática de otra nación ni ejercer derechos políticos de otros países.
El incumplimiento de estas disposiciones o el uso de instrumentos de viaje internacionales distintos al mexicano derivaría en sanciones directas conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución, referente a las responsabilidades de los servidores públicos, patrimoniales del Estado y juicio político. A la par, el dictamen prevé adecuar posteriormente la Ley de Nacionalidad para normar los protocolos de renuncia.
Antecedentes legislativos
El proyecto normativo llega a la máxima tribuna tras ser aprobado el pasado 8 de septiembre en la Comisión de Puntos Constitucionales del recinto legislativo de San Lázaro, donde obtuvo 26 votos favorables por parte de los bloques de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, frente a 5 votos en contra emitidos por las bancadas de oposición.
En el régimen transitorio del dictamen se precisa que el nuevo marco regulatorio no operará de manera retroactiva para los funcionarios en funciones, sino que entrará en vigor a partir del proceso electoral del año 2028. La medida no limita el derecho a la doble nacionalidad para la ciudadanía en general, restringiendo la condición exclusivamente a los titulares del Poder Ejecutivo en los tres órdenes subnacionales y federal.
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