La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer como requisito de elegibilidad el no tener ni adquirir otra nacionalidad para la titularidad de los Poderes Ejecutivos en los tres órdenes de gobierno.
La iniciativa, enviada al Palacio Legislativo de San Lázaro por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, determina que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán renunciar expresamente a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.
La modificación constitucional impone la prohibición estricta de adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del encargo, así como invocar la protección ante autoridades extranjeras, hacer uso de pasaportes emitidos por otros Estados o ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía externa. La contravención a esta norma será sancionada conforme al Título Cuarto de la Constitución.
De acuerdo con el régimen transitorio aprobado por el Pleno, las nuevas disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y comenzarán a ser aplicables a partir del proceso electoral del año 2028. La norma no tendrá efectos retroactivos para los funcionarios que se encuentren desempeñando dichos cargos al momento de la entrada en vigor del decreto.
Cambio en el estándar de elegibilidad
En la fundamentación del documento, la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que la adición de la fórmula «no tener ni adquirir otra nacionalidad» atiende a una insuficiencia del artículo 32 constitucional, pues la regulación previa reservaba ciertos cargos a mexicanos por nacimiento pero no cubría explícitamente los casos en que la binacionalidad se poseía desde el origen.
El órgano dictaminador subrayó que el Certificado de Nacionalidad Mexicana resulta insuficiente por sí mismo si no se demuestra que el Estado extranjero ha dejado de reconocer la relación jurídica con el individuo. Por ello, el nuevo parámetro exige que el vínculo político con otra nación haya cesado de manera efectiva conforme a la legislación aplicable del país de origen antes del registro formal de la candidatura.
Armonización y plazos legales
El decreto otorga un plazo de noventa días naturales posteriores a su entrada en vigor para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral. De igual forma, las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones locales y normativas electorales en el mismo lapso.
Durante la conducción de la sesión, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, dio cauce a la recepción de las reservas presentadas para la discusión en lo particular respecto a la denominación del proyecto, el contenido de los tres artículos constitucionales y el articulado transitorio.
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