El productor musical y televisivo Luis de Llano abandonó la tarde de este jueves el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, tras haber sido detenido por incumplir la sentencia en su contra por abuso sexual infantil en perjuicio de la cantante Sasha Sokol.
Posterior a permanecer arrestado casi 24 horas, el productor se dirigió de manera directa a un vehículo sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación presentes en el lugar.
Orden de arresto y causas del incumplimiento
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el miércoles se ejecutó una orden de arresto de 15 horas impuesta como medida de apremio ante el desacato de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, la representación legal de Sasha Sokol precisó que existían dos órdenes de detención libradas contra el productor por su resistencia a acatar la sentencia definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el comunicado emitido por los abogados de la artista, las faltas cometidas por el sancionado contemplan dos puntos clave:
- Falta de disculpa pública: La negativa de De Llano a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante.
- Omisión de publicación de sentencia: La negativa a publicar el extracto de la resolución judicial que ratificó su responsabilidad por daño moral y comprobó el abuso sexual cometido cuando la víctima era menor de edad.
Alcance de las medidas de apremio
El equipo legal de la demandante explicó que las medidas de apremio son instrumentos previstos en la ley para forzar el cumplimiento de los mandatos judiciales, los cuales abarcan desde sanciones económicas hasta el arresto administrativo de hasta 36 horas.
Las autoridades determinaron aplicar la privación de la libertad debido a que el productor ignoró los requerimientos judiciales y las multas previas. Asimismo, los abogados advirtieron sobre las consecuencias legales de mantener dicha postura: «De continuar con el incumplimiento de la sentencia y el desafío sistemático de las órdenes judiciales, podría configurarse un delito que implica hasta 5 años de prisión».
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