La diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, exigió la renuncia inmediata de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, acusándola de encubrimiento institucional tras la reciente exoneración de elementos de la Defensa Nacional involucrados en el Caso Ayotzinapa.
La legisladora fundamentó su petición argumentando que la postura del organismo autónomo contradice los hallazgos del GIEI y los documentos oficiales presentados por el exfuncionario Alejandro Encinas, los cuales establecen que el estudiante Julio César López Patolzin operaba como infiltrado del Ejército mexicano en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Como medida de contención institucional, Ballesteros presentó una iniciativa de reforma para establecer legalmente que ninguna persona que sea militante en un partido político pueda ocupar la titularidad de la CNDH, argumentando que el espacio debe operar como una defensoría ajena al poder público.
Parálisis legislativa
A la par de la solicitud de renuncia, la diputada emecista advirtió que continuará la ruta legal para concretar un juicio político contra Piedra Ibarra, recurso promovido originalmente por diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ante presuntas omisiones en su gestión.
En este contexto, Ballesteros exhibió un contador numérico en la sala de prensa del recinto legislativo para documentar que han transcurrido 82 días de inacción parlamentaria, lapso en el que la Cámara de Diputados ha omitido instalar el subcomité técnico responsable de analizar la viabilidad del proceso sancionador.
«Son 82 días de negligencia, de solapamiento y de complicidad institucional. Nosotros no lo avalamos y vamos a seguir exigiendo justicia», declaró la legisladora tras advertir que la dimisión del cargo no eximiría a la funcionaria de rendir cuentas ante el Congreso.
El indicador numérico permanecerá expuesto en las instalaciones legislativas y será actualizado de forma diaria como mecanismo de presión política para forzar la instalación del órgano técnico que debe desahogar las demandas de las agrupaciones ciudadanas.
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