La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Este ejercicio constitucional involucrará de manera directa a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a los 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano del territorio nacional, con el objetivo de promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos fundamentales.
El mecanismo normativo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para dar inicio formal a las fases de deliberación. El Poder Ejecutivo prevé enviar la propuesta definitiva a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural. Para asegurar el acceso pleno a la información, el proyecto de ley se traducirá a las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, con el respaldo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad de las Lenguas Indígenas de México.
Contenido y estructura de la iniciativa
El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que el cuerpo del proyecto legal consta de ocho libros y un régimen transitorio. La legislación plantea reconocer a estas poblaciones como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, permitiendo el ejercicio efectivo de su libre determinación y autonomía en los niveles comunitario, municipal y regional.
Las materias reguladas por la ley abarcan la restitución de tierras, la propiedad intelectual colectiva, la paridad e igualdad de derechos para mujeres, niñez y juventudes, así como la inclusión integral de personas migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Asimismo, establece los procedimientos obligatorios para la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado ante cualquier medida administrativa o legislativa estatal que pueda afectarles.
Etapas y calendario del proceso consultivo
De acuerdo con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, la consulta ciudadana se dividirá de forma estricta en cinco etapas cronológicas para sistematizar los planteamientos de las comunidades:
La fase informativa se desarrollará desde la publicación del decreto hasta el 6 de agosto. Posteriormente, del 7 de agosto al 13 de septiembre, se llevarán a cabo los análisis comunitarios a través de 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo. Finalmente, del 21 de septiembre al 11 de octubre se ejecutará el procesamiento de datos y la adecuación técnica de la iniciativa previo a su entrega al Congreso de la Unión.
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