El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, abrió una investigación penal este viernes para determinar si agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos infringieron leyes estatales. Las indagatorias buscan esclarecer si el personal federal permitió de forma deliberada que cientos de miles de pastillas de fentanilo se distribuyeran en las calles de Albuquerque.
La decisión jurídica se estableció después de que una investigación periodística revelara que agentes de la DEA vigilaron, pero omitieron incautar, cargamentos del opioide sintético entre los años 2023 y 2025. Esta práctica se implementó con el objetivo de estructurar expedientes penales de mayor alcance contra las redes de narcotráfico. De acuerdo con el denunciante y exagente de la corporación, David Howell, la estrategia supuso un riesgo para la seguridad pública y pudo haber transgredido las normativas internas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Postura de la fiscalía y el gobierno estatal
La apertura del caso convierte la controversia sobre las tácticas de control policial en un procedimiento para delimitar responsabilidades legales. El fiscal Torrez argumentó que los funcionarios federales «not están por encima de la ley», por lo que requirió documentación formal y registros operativos tanto a nivel local como nacional. El requerimiento ministerial fue respaldado formalmente por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.
“Si esas acusaciones son ciertas, las consecuencias para los habitantes de Nuevo México no fueron abstractas. Fueron mortales”, expuso Torrez en una misiva remitida al Ejecutivo estatal. El funcionario añadió que la entidad se encuentra entre las más afectadas por muertes derivadas de sobredosis de fentanilo, un escenario que coincidió cronológicamente con la campaña institucional de la DEA denominada “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”).
Respuestas institucionales y de la sociedad civil
Ante los señalamientos, la DEA rechazó inicialmente las declaraciones del denunciante Howell; sin embargo, la agencia solicitó posteriormente la intervención del organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia para efectuar una revisión interna de sus protocolos. Por su parte, el Departamento de Justicia comunicó: “Si esa revisión identifica áreas de mejora, la DEA por supuesto implementará cambios para mejorar sus prácticas”, manifestando además disposición para colaborar con el gobierno de Nuevo México.
En el ámbito social, las reacciones presentan divergencias. Mientras diversos funcionarios locales manifestaron rechazo a los métodos de la agencia, organizaciones civiles como United Against Fentanyl mantuvieron una postura de reserva. Paul E. Martin, fundador de la agrupación que agrupa a 5 mil familiares de víctimas de sobredosis, señaló que las corporaciones policiales pueden cometer errores, pero destacó que la labor medular de la DEA consiste en el retiro de sustancias ilícitas de los espacios públicos.
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