La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos solicitó formalmente a la inspectoría interna del Departamento de Justicia investigar las denuncias que señalan que sus agentes permitieron la distribución de cientos de miles de pastillas de fentanilo en Nuevo México. La petición de la agencia federal ocurre tras la difusión de una investigación periodística de la agencia The Associated Press (AP).
El administrador de la DEA, Terry Cole, fundamentó la solicitud de intervención del inspector general mediante una carta donde expuso que las acusaciones han generado atención pública y planteado dudas respecto a las decisiones operativas y la supervisión interna. «Si se identifican mejoras, la DEA las implementará», afirmó Cole, aclarando que la auditoría no debe interpretarse como una falta de confianza en la integridad de su personal.
Antecedentes y estrategia de investigación
La investigación de AP, fundamentada en registros gubernamentales y testimonios de agentes actuales y retirados, determinó que entre 2023 y 2025 la DEA monitoreó pero no incautó cargamentos del opioide sintético. El objetivo de las células operativas consistía en postergar los decomisos para construir casos penales de mayor envergadura contra los traficantes.
Entre las evidencias documentadas destaca un informe interno sobre un cargamento de 74 mil pastillas en 2023 vigilado por la corporación en un parque de casas móviles en Albuquerque. El agente David Howell, quien emitió una denuncia interna ese mismo año, declaró a la prensa que la estrategia de dejar que los narcóticos circulen puso en riesgo a la población local.
Por su parte, un portavoz de la DEA declaró previamente que las afirmaciones referidas a que la institución permitió a sabiendas el libre tránsito de la droga son falsas y tergiversan los hechos. La Casa Blanca designó el año pasado al fentanilo como un «arma de destrucción masiva» debido al índice de mortalidad asociado a su consumo.
Reacción gubernamental del estado afectado
La acción de la DEA se registró un día después de que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenara al fiscal general del estado examinar si los operativos federales incurrieron en violaciones a las leyes locales.
“No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones”, manifestó la mandataria estatal, quien aseveró que la agencia tenía conocimiento del riesgo de decesos que implicaba el arribo de las dosis a las comunidades de la entidad.
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