El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó la suspensión de sellos a 7 mil 300 contribuyentes por su vinculación con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Esta medida forma parte de la estrategia institucional contra la evasión y elusión de impuestos a nivel nacional.
Durante una conferencia conjunta con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores, precisó los datos. En lo que va del año la autoridad ha listado a 903 empresas en esta categoría, priorizando una lucha contra las estructuras de defraudación.
Reformas al Código Fiscal
El funcionario detalló que la aplicación de las recientes modificaciones al artículo 49-Bis del Código Fiscal de la Federación permitió desarticular una red criminal identificada como El Caballito. En la operación se documentó la participación de 446 empresas reales que hicieron efectivas diversas facturas falsas.
La normatividad vigente en 2026 faculta a las autoridades para realizar visitas de verificación directas a los emisores de comprobantes fiscales. Además, el marco legal actual endureció las sanciones desde las primeras etapas procesales mediante la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.
Al cierre de la anualidad anterior, el gobierno federal reportó la presentación de 59 denuncias penales ejecutadas entre 2022 y 2025. El monto acumulado por defraudación fiscal en estos expedientes alcanzó los 54 mil 698 millones de pesos, según registros oficiales.
Alertas para contribuyentes
Ramón Ortega Díaz, vocero del IMCP, advirtió que las publicaciones de EFOS superan los 100 contribuyentes mensuales durante el último trimestre. El especialista subrayó que el 80 por ciento de los causantes notificados no han respondido los requerimientos de la autoridad tributaria.
Ortega Díaz exhortó al sector privado a acreditar la materialidad y realidad de sus operaciones para evitar contingencias en procesos de revisión. El directivo enfatizó la necesidad de evitar la implementación de estrategias fiscales que deriven en consecuencias administrativas y penales.
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