La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este viernes al Senado dos iniciativas de reforma legal para reforzar el combate a la piratería e imponer nuevas sanciones de prisión. Las medidas buscan cumplir con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que actualmente se encuentra bajo un proceso de revisión por los tres países firmantes.
Las propuestas contemplan la aplicación de penas punitivas corporales incluso para aquellas personas que comercialicen productos no auténticos en puestos semifijos y locales comerciales.
Transición al criterio de escala comercial
La primera iniciativa plantea modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El argumento presidencial señala que el capítulo 20.85 del T-MEC obliga a los estados miembros a sancionar penalmente la falsificación dolosa de marcas y la piratería dolosa lesiva del derecho de autor cuando se realicen a escala comercial.
La propuesta busca sustituir el actual requisito de acreditar el «fin de lucro» o la «especulación comercial» por el criterio normativo de «escala comercial», homologándolo con los estándares internacionales de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
“La incorporación de estos parámetros permite acreditar la conducta ilícita mediante datos objetivos y verificables, facilita la investigación de hechos con apariencia de delito, particularmente en entornos digitales, y reconoce que el beneficio derivado de la conducta puede manifestarse de forma indirecta, como una ventaja competitiva, aun cuando no se traduzca en una ganancia económica”, expuso Sheinbaum en el documento.
Para delimitar el impacto perjudicial significativo, se establece que el valor de los objetos infractores, calculado según el precio de mercado de los productos originales al por menor, debe ser igual o superior a 170 UMAS. La mandataria aclaró que la reforma “no introduce presunciones legales de responsabilidad ni invierte la carga de la prueba”, por lo que el Ministerio Público deberá acreditar plenamente los criterios conforme al debido proceso y la presunción de inocencia. Asimismo, se prevé un mecanismo de indemnización predeterminada como opción de reparación del daño para el titular del derecho.
Nuevas penas de prisión y responsabilidad digital
El paquete de reformas introduce penalidades específicas según la gravedad y el ámbito de la infracción:
- De cuatro a 10 años de prisión: A quien ofrezca en venta piratería a escala comercial en establecimientos, puestos temporales o semifijos, de forma física o electrónica. Misma pena aplicará para quien divulgue o publique una obra, fonograma o libro antes de su lanzamiento oficial.
- De dos a seis años de prisión: A quien produzca piratería a gran escala.
- De tres a siete años de prisión: A quien utilice, imite o importe a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales de gobierno y entidades autónomas.
- Sanciones adicionales: Se tipifican como conductas punibles la venta de libros de texto gratuitos de la SEP, el uso a escala comercial de obras protegidas y la exportación de copias ilegales de fonogramas, videogramas o libros.
Por otra parte, la segunda iniciativa propone reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para regular la responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet. El texto ratifica que las empresas de internet no serán responsables automáticos por los contenidos ilícitos de los usuarios, siempre que actúen con diligencia, no participen en la infracción y atiendan oportunamente los procedimientos de notificación y retiro del material digital; de lo contrario, sí asumirán la responsabilidad legal.
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