El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a restringir el acceso al sistema financiero de ese país a la población extranjera inadmisible, removible o sin autorización laboral. La Casa Blanca justificó la medida bajo criterios de seguridad nacional, combate al lavado de dinero y la prevención de debilidades estructurales de impago dentro del sector bancario estadounidense.
La directiva establece que la extensión de créditos y servicios financieros a personas en situación migratoria irregular debilita la solidez de la banca nacional. El argumento del gobierno federal apunta a que la posibilidad latente de deportación y la consecuente pérdida de salarios introducen una deficiencia estructural en la capacidad de pago de los prestatarios, elevando de forma injustificada los riesgos del mercado crediticio.
Ante este escenario, la orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir una Alerta Formal en un plazo de 60 días sobre los riesgos de explotación financiera que involucran a poblaciones sin permiso de trabajo y a sus empleadores. Asimismo, se otorgó un periodo de 90 días para endurecer las regulaciones vigentes de la Ley de Secreto Bancario, con el fin de recolectar obligatoriamente información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes.
El decreto presidencial también impacta directamente la validez de los documentos de identidad emitidos por gobiernos extranjeros. Las agencias reguladoras dispondrán de 180 días para revisar los programas de identificación de clientes, enfocándose de manera particular en la evaluación de los riesgos operativos y de seguridad que representan las matrículas consulares extranjeras, habitualmente utilizadas por los migrantes en las ventanillas bancarias.
En el ámbito fiscal y de fiscalización, la Casa Blanca ordenó catalogar el uso del número de identificación fiscal (ITIN) como un factor de riesgo que requerirá una debida diligencia mejorada, siempre que el solicitante carezca de un estatus migratorio legal verificado. Esta disposición busca frenar la apertura de cuentas de depósito y la obtención de productos crediticios mediante este identificador tributario.
Finalmente, el documento vincula el uso ilícito de pasaportes extranjeros con operaciones transfronterizas de lavado de dinero que ascienden a más de 312 mil millones de dólares en beneficio de organizaciones criminales. Con esta acción, la administración federal institucionaliza la verificación del estatus legal como un requisito preferente para el acceso al consumo y a los servicios bancarios en Estados Unidos.
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