México ha iniciado formalmente la transición hacia un modelo de aprovechamiento sustentable con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 19 de enero de 2026. Este marco jurídico sustituye el esquema lineal de producción y desecho por uno centrado en la extensión de la vida útil de los productos, la reducción de residuos y la reincorporación de materiales a las cadenas productivas nacionales.
El punto de partida para esta legislación es crítico. De acuerdo con el Circularity Gap Report para América Latina y el Caribe, elaborado por organismos como el BID y la CEPAL, menos del 1% de los materiales consumidos en la región se reintegra al sistema mediante el reúso o reciclaje. Esta cifra se sitúa drásticamente por debajo del promedio global, que es del 7.2%, evidenciando una brecha estructural en la gestión de recursos.
La nueva normativa eleva la circularidad de una práctica voluntaria a una política pública obligatoria. Entre sus pilares destaca la implementación de esquemas de responsabilidad extendida del productor, que obliga a fabricantes e importadores a gestionar el impacto ambiental de sus mercancías durante todo su ciclo de vida. Asimismo, introduce conceptos técnicos de cumplimiento imperativo como el diseño circular, el análisis de ciclo de vida y la trazabilidad.
Déficit de infraestructura y retos operativos
A pesar del avance regulatorio, el estado actual de la infraestructura en México presenta desafíos considerables. Datos del INEGI (2022) señalan que de las 108,146 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos recolectadas, solo 5,661 toneladas ingresan a plantas de tratamiento. De este volumen, apenas se logra recuperar el 42.3%, lo que refleja una capacidad instalada insuficiente para las ambiciones de la ley.
La concentración territorial agrava la situación, pues una tercera parte de la recolección se focaliza en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Además, solo el 2.5% de los municipios del país reportan contar con plantas de tratamiento o centros de acopio de reciclables, lo que obliga a la industria a buscar soluciones alternativas como el uso de materiales biobasados o con contenido reciclado postconsumo (PCR).
Plazos para el reglamento y programa nacional
El éxito de la ley dependerá de la celeridad con la que el Ejecutivo Federal emita las disposiciones reglamentarias. El marco legal estipula un plazo de 180 días posteriores a su entrada en vigor para expedir el reglamento respectivo. Una vez emitido este último, se contará con un periodo similar para la publicación del Programa Nacional de Economía Circular, el cual deberá contener metas sectoriales e indicadores verificables.
Ignacio Parada, especialista en soluciones de empaque sustentable, advirtió que, si bien México ha elevado su estándar normativo, aún persiste una «brecha operativa» para su cumplimiento. Las empresas deberán anticiparse desarrollando sistemas de registros de gestión y evaluando la compostabilidad certificada de sus envases para cumplir con los estándares de diseño circular que serán definidos en el reglamento.
La Ley General de Economía Circular sitúa a México en un momento coyuntural donde el rediseño desde el origen y la valorización de materiales son indispensables. El cumplimiento de este nuevo marco no solo busca mitigar el impacto ambiental, sino también modernizar los sistemas de gestión de residuos en un entorno donde más de 40 millones de personas en la región carecen de servicios adecuados de recolección.
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