El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió este miércoles que el Departamento de Justicia presentará nuevas acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado. Esta declaración surge tras los cargos presentados la semana pasada contra 10 funcionarios y exfuncionarios, entre los que figura el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En entrevista con NewsNation, Blanche confirmó que la estrategia de persecución penal contra servidores públicos y miembros del poder judicial continuará. «Ya acusamos a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicano recientemente. Eso es algo que continuará», afirmó el fiscal, destacando que el objetivo es eliminar la sensación de protección que los líderes criminales y sus colaboradores tenían en el pasado.
Cooperación y extradiciones como clave
De acuerdo con el titular interino del Departamento de Justicia, la presencia de líderes de organizaciones criminales en prisiones estadounidenses, como los casos de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los “Chapitos”, es un factor determinante para las futuras investigaciones. Blanche explicó que la cooperación de estos detenidos con las autoridades de Estados Unidos podría derivar en nuevas imputaciones contra actores políticos en México.
El fiscal detalló que el gobierno estadounidense está aplicando un enfoque integral que incluye la colaboración con agencias federales y gobiernos de México y Sudamérica para combatir las estructuras de los cárteles.
Relación bilateral y seguridad fronteriza
Respecto a la relación con la administración mexicana, Blanche la calificó como «muy positiva» y señaló que el gobierno de México reconoce que la estabilidad del vínculo binacional depende de la cooperación en áreas críticas como la migración y el combate al narcotráfico. «Ellos han reconocido la importancia de su relación con nosotros», puntualizó.
Sobre la posibilidad de desplegar tropas federales de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir directamente a los grupos delictivos, el fiscal aclaró que dicha determinación no compete al ámbito judicial. Subrayó que se trata de una decisión exclusiva del presidente Donald Trump, aunque reiteró que ambos países mantienen la misión común de detener el flujo de estupefacientes hacia el norte.
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