La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó este jueves una demanda colectiva contra 53 empresas de gas licuado de petróleo (LP) por prácticas de colusión que se extendieron por más de una década. El organismo regulador busca que las compañías reparen el daño económico causado a los consumidores, el cual se estima en 13 mil millones de pesos, equivalentes a unos 722 millones de dólares.
La acción legal pretende que las empresas apliquen descuentos directos en el precio del combustible a los usuarios de las zonas afectadas. Esta medida funciona como una compensación por los sobreprecios impuestos durante diez años en la Ciudad de México, el Estado de México y diversas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.
Empresas involucradas y modus operandi
La demanda deriva de una investigación que acreditó acuerdos ilegales para manipular precios y repartirse el mercado entre grupos gaseros como Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, entre otros. Según la CNA, estas conductas permitieron a las empresas controlar las cuotas de clientela y elevar artificialmente los costos del insumo.
“Derivado de lo anterior, la CNA decidió presentar esta demanda colectiva para que, además de las multas administrativas impuestas, los infractores reparen el daño causado a la sociedad”, expuso el organismo en un comunicado oficial. Esta iniciativa complementa las sanciones previas dictadas en 2022, cuando se impusieron multas por 2 mil 414 millones de pesos a las mismas entidades y a 34 personas físicas.
Impacto en el consumo doméstico
El organismo resaltó la relevancia de esta intervención debido a que el gas LP es el combustible principal en el 80% de los hogares mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, ocho de cada diez familias dependen de este recurso para la preparación de alimentos, por lo que la manipulación de precios impactó de manera directa en el gasto diario de millones de personas.
Con esta demanda, la CNA busca establecer un precedente en el uso de herramientas legales para generar beneficios tangibles a la población. El proceso judicial determinará ahora los mecanismos específicos para que las empresas sancionadas efectúen la reparación económica a través de la red de distribución de gas en las entidades federativas señaladas.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.