El senador Javier Corral Jurado reconoció este jueves la existencia de posturas diferenciadas al interior de las bancadas de la coalición gobernante respecto a la propuesta de reforma para ajustar el calendario y los procesos de la elección judicial. Tras un foro de análisis en el Senado de la República, el legislador admitió que, si bien un grupo de representantes busca impulsar cambios técnicos profundos, otros sectores permanecen a la espera de definiciones por parte del Poder Ejecutivo.
«No digo que divididos; yo creo que hay quienes hemos tomado la iniciativa de buscar impulsar este cambio y que hay otros legisladores u otros actores políticos que también están esperando definiciones más claras de la propia presidenta», señaló Corral, subrayando que el objetivo es coadyuvar en el análisis técnico que actualmente realiza la Presidencia de la República. El senador destacó que este espacio de reflexión es vital para determinar los alcances de la reforma en materia de mecanismos de evaluación.
Riesgos operativos y costos electorales
El legislador enfatizó la relevancia de la información compartida por la consejera electoral Rita Bell López Vences, quien advirtió sobre un «escenario de riesgo operativo mayúsculo» y ahorros mínimos en caso de mantener el esquema actual. Según el análisis técnico, la organización de elecciones concurrentes bajo el actual modelo implica duplicidad en capacitación, distribución de materiales e instalación de casillas por cuerda separada, lo que eleva el presupuesto de manera considerable.
Corral advirtió que la complejidad logística, que incluye el almacenamiento de boletas y el traslado de paquetes electorales, debe ser revisada para evitar el desincentivo de la participación ciudadana. «Es uno de los primeros resultados útiles: esta información que ha compartido la consejera electoral», afirmó, señalando que la integración de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) coincide mayoritariamente con este criterio de alerta técnica.
Pérdida de capital humano especializado
Un punto crítico abordado por el senador fue la fuga de perfiles técnicos y jurisdiccionales. Detalló que la elección judicial de 2025 resultó en la pérdida del 60 por ciento de los juzgadores locales que ya contaban con capacitación para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta normativa tiene prevista su entrada en vigor para abril de 2027, pero el déficit de personal especializado pone en riesgo su viabilidad.
Ante esta situación, se ha planteado la posibilidad de aplazar la vigencia del código hasta 2029, vinculándolo a una posible reprogramación de la elección judicial para el año 2028. El senador insistió en que el Estado no puede permitirse perder el capital humano que responde a un mandato constitucional de reforma procesal, por lo que los ajustes legislativos son imperativos para salvaguardar la justicia civil y familiar.
Alcances de la iniciativa legislativa
La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de ocho senadores de la coalición y el respaldo del diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, busca fortalecer las elecciones judiciales mediante criterios de evaluación más estrictos. Entre las propuestas destacan la implementación de exámenes y certificaciones, así como la regulación de los Comités de Evaluación para garantizar la idoneidad de los aspirantes a cargos en el Poder Judicial.
Finalmente, Corral adelantó que buscará, junto con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación para presentar los resultados del foro. Entre los temas pendientes se encuentra la definición de criterios de elegibilidad para juzgadores electos en 2025 que pretendan postularse a magistraturas en 2027, planteando la obligatoriedad de una renuncia irrevocable para evitar la duplicidad de funciones o ventajas indebidas.
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