El Grupo Parlamentario del PRI calificó como una «falla institucional grave» del Estado mexicano la agresión armada registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde una ciudadana canadiense perdió la vida y 13 personas resultaron heridas. En conferencia de prensa, el diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes, secretario de la Comisión de Turismo, denunció que el incidente revela la vulnerabilidad de los protocolos de vigilancia en los sitios más emblemáticos del país a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026.
La bancada priista enfatizó que el hecho no puede considerarse casual, dado que el agresor de 27 años logró ingresar al sitio con una pistola calibre 38, más de 52 cartuchos útiles, un arma blanca y una mochila de tipo táctico. Alonso Reyes señaló que este armamento debió ser detectado por el personal de seguridad, pero la falta de rigurosidad en los mecanismos de revisión y control de acceso permitió la consumación de la tragedia en un espacio con declaratoria de la UNESCO.
Riesgo para la imagen internacional y el Mundial 2026
La dirigencia y el sector legislativo del PRI manifestaron su preocupación por el impacto «dramático» que este suceso tendrá en la imagen de México a nivel global. Al ser una de las sedes de la próxima justa mundialista, la seguridad de los visitantes internacionales se vuelve un factor crítico. El diputado advirtió que la noticia ha impactado directamente en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y los Países Bajos, de donde son originarias las víctimas.
De acuerdo con cifras de DataTur, plataforma de la Secretaría de Turismo, Teotihuacán recibió cerca de un millón 800 mil visitantes en 2025, de los cuales más de 530 mil fueron extranjeros. El Grupo Parlamentario del PRI subrayó que la afluencia masiva de turistas internacionales exige estándares de protección civil y seguridad mucho más altos que los que se ejecutan actualmente bajo la administración federal.
Abandono presupuestal y condiciones laborales
El análisis del PRI vinculó la tragedia con el debilitamiento operativo de las instituciones culturales y turísticas. Se denunció que los custodios y el personal de vigilancia en museos de sitio y zonas arqueológicas enfrentan condiciones laborales precarias y salarios bajos. Según la exposición, el presupuesto real de la Secretaría de Cultura Federal ha disminuido significativamente, limitando la capacidad logística para garantizar el orden público en el patrimonio nacional.
Por su parte, el coordinador del grupo, Rubén Moreira, respaldó los señalamientos indicando que el país enfrenta un problema estructural de inseguridad y polarización. Moreira acusó una «falta de expertise» en la gestión actual y criticó el incremento de impuestos para el acceso a museos, el cual no se ha traducido en mejores protocolos de seguridad ni en el mantenimiento adecuado de las zonas arqueológicas, citando ejemplos de abandono en sitios como Tula.
Exhorto a la coordinación federal
Ante la naturaleza de la agresión, que incluyó consignas xenofóbicas por parte del tirador, el PRI urgió a priorizar la salud mental dentro de las políticas de prevención de la violencia. La bancada sostuvo que el presupuesto para este rubro es limitado, lo que impide detectar de manera oportuna perfiles de riesgo que puedan imitar patrones de violencia globalizados o actuar bajo discursos de odio contra extranjeros.
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI realizó un exhorto formal para que exista una coordinación real entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Turismo. La exigencia se centra en la implementación inmediata de protocolos rígidos y capacitación especializada para el personal de los tres niveles de gobierno, garantizando que la seguridad de las familias y visitantes sea la prioridad absoluta en la agenda nacional.
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