El Diputado Federal del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso Que, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la fracción quinta del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La propuesta busca obligar al Ministerio Público a acreditar que ha agotado todos y cada uno de los actos de investigación necesarios antes de determinar el sobreseimiento o el archivo de una carpeta, combatiendo lo que calificó como una «impunidad institucionalizada».
Durante su intervención, el legislador priista denunció que el sistema de procuración de justicia en México padece de una falla estructural donde el archivo de investigaciones se ha convertido en una salida discrecional para evadir responsabilidades. Alonso Que sostuvo que la justicia que se archiva sin fundamento representa un abandono institucional hacia las víctimas y los ofendidos, vulnerando el debido proceso y la legalidad.
Cifras críticas en la procuración de justicia
El diputado aportó datos estadísticos para dimensionar la problemática, señalando que en 2023 se iniciaron más de 2.2 millones de carpetas de investigación a nivel nacional. De estas, aproximadamente 550 mil fueron enviadas al archivo temporal, lo que implica que casi el 50 por ciento de los casos determinados no concluyen en una resolución efectiva.
Según las cifras presentadas por el legislador, la tasa de vinculación a proceso en México es de apenas el 3.9 por ciento, mientras que más del 55 por ciento de las investigaciones permanecen en trámite sin resolución. Alonso Que enfatizó que el sistema actual no investiga a fondo ni judicializa de manera eficiente, lo que deriva en una bajísima eficacia del sistema penal.
Contrastes regionales en la impunidad
La iniciativa detalló la gravedad del fenómeno en diversas entidades federativas. En Sinaloa, cerca del 84 por ciento de las carpetas resueltas terminan en el archivo; en Tamaulipas, la cifra alcanza el 74.8 por ciento, mientras que en Tabasco seis de cada 10 investigaciones son guardadas sin llegar ante un juez. El diputado argumentó que estas métricas demuestran que el archivo es, en la práctica, una puerta fácil para la opacidad.
Finalmente, el representante del Grupo Parlamentario del PRI hizo un llamado a las comisiones pertinentes para dictaminar la reforma con responsabilidad. Afirmó que la certeza jurídica debe sustentarse en hechos y pruebas documentadas, y no en criterios discrecionales, con el fin de dignificar el acceso a la justicia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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