El diputado federal Mario Zamora Gastélum demandó desde la Cámara de Diputados un alto al incremento en las tarifas de peaje de diversas autopistas en Sinaloa, calificando la medida como un «abuso» contra la economía de las familias, transportistas y el sector agrícola. El legislador sinaloense solicitó un informe detallado que justifique el alza de costos, especialmente en la maxipista Mazatlán–Culiacán y el puente San Miguel.
Zamora Gastélum denunció que las condiciones físicas de dichas rutas son deficientes y peligrosas, por lo que resulta injustificado el ajuste tarifario. Señaló que la infraestructura se encuentra en condiciones «casi intransitables», lo que representa un riesgo para los usuarios que diariamente circulan por estas vías de comunicación de jurisdicción federal.
Opacidad en la concesión y regulación
El legislador cuestionó la falta de transparencia en la autorización del aumento, exigiendo claridad sobre qué autoridad dio el aval y cuál es la justificación técnica detrás del ajuste. Asimismo, criticó que los recursos recaudados se destinen a empresas particulares sin que se perciba una reinversión en el mantenimiento o mejora de las carreteras del estado de Sinaloa.
Zamora planteó tres interrogantes clave dirigidas a las autoridades correspondientes: el origen de la autorización, el sustento técnico de la medida y los beneficios concretos que recibirá el usuario a cambio del pago. Enfatizó que la ciudadanía demanda responsabilidad y no especulaciones ante decisiones que impactan directamente el bolsillo de los contribuyentes.
Impacto en la productividad agropecuaria
La bancada del PRI advirtió que este incremento representa un «golpe bajo» a la productividad del estado, particularmente para el sector agropecuario, el cual ya enfrenta un entorno económico complejo. Zamora subrayó que elevar los costos de movilidad sin un diálogo previo con los sectores productivos mermará la competitividad de las mercancías sinaloenses.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a la sensibilidad institucional, recordando que, aunque las carreteras operan bajo regulación federal, el impacto económico es estrictamente local. Urgió a las autoridades federales a brindar certidumbre y transparencia, señalando que Sinaloa no puede soportar mayor presión económica en sus rutas comerciales estratégicas.
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