El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez Cuéllar, presentó este 14 de abril una iniciativa de reforma a las leyes de Aeropuertos, de Aviación Civil y del Impuesto al Valor Agregado. La propuesta busca establecer un tope máximo de 4,182 pesos (equivalente a 15 días de salario mínimo) para boletos en vuelos nacionales, incluso si la compra se realiza con poca anticipación.
Durante su intervención en la Sesión Ordinaria, el legislador argumentó que el transporte aéreo en México ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. “Propongo aplicar un descuento del 50 por ciento a personas con discapacidad y adultos mayores, así como se hace en el transporte terrestre”, señaló Yáñez Cuéllar ante el pleno.
Reformas a tarifas e impuestos
La iniciativa contempla la eliminación del IVA aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) con el objetivo de reducir el costo final para el usuario. Asimismo, plantea que, en caso de que un pasajero no utilice su boleto, las aerolíneas deben realizar la devolución inmediata del TUA a través de medios digitales.
El diputado duranguense denunció disparidades tarifarias, señalando que boletos de Ciudad de México a Durango han superado los 10 mil pesos, costo mayor al de algunos vuelos internacionales. “Nuestra propuesta no busca frenar la industria aérea, se trata de hacerla más justa, más responsable y más humana”, afirmó.
Iniciativa en materia de obra pública
Adicionalmente, Yáñez Cuéllar presentó una propuesta para reformar la Ley de Obra Pública. Esta busca que el presupuesto federal destinado a infraestructura genere derrama económica directa en las comunidades locales.
La propuesta establece que al menos el 70 por ciento del valor de cada contrato se destine a empresas y proveedores locales, y que el 50 por ciento de la mano de obra contratada resida en la región donde se ejecuta el proyecto. Según el legislador, el Gobierno Federal gasta más de un billón de pesos anuales en este rubro, por lo que es necesario garantizar que los salarios y compras beneficien la economía de los estados y municipios.
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