Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política de la Cámara de Diputados aprobaron este martes el dictamen de reforma electoral que plantea una reducción estructural en los gastos de operación del sistema democrático. Con una votación de 73 votos a favor, 60 en contra y 13 abstenciones, el proyecto fue turnado al Pleno para su discusión y votación definitiva programada para este miércoles.
La propuesta legislativa contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política. El eje central de la reforma establece límites estrictos a las remuneraciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los tribunales electorales, además de imponer recortes presupuestales a las legislaturas estatales y a las regidurías en los municipios del país.
Posturas en el Legislativo
Durante el debate, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representada por la diputada Abigail Arredondo Ramos, confirmó su voto en contra del dictamen. La legisladora argumentó que la propuesta carece de elementos que fortalezcan la vida democrática y señaló que el enfoque de austeridad planteado no atiende las necesidades institucionales de fondo para garantizar procesos electorales robustos.
Por su parte, el bloque mayoritario integrado por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, defendió la iniciativa bajo la premisa de la responsabilidad hacendaria. La diputada Ana Erika Santana sostuvo que el proyecto responde a una exigencia de la ciudadanía para eliminar privilegios en el ejercicio del poder público y optimizar el uso de los recursos en los organismos electorales.
Omisiones en materia de seguridad
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) centró su crítica en la falta de mecanismos para blindar los procesos electorales frente a la delincuencia organizada. La diputada Noemí Luna calificó la reforma como una oportunidad perdida para corregir problemas estructurales del sistema, enfatizando que la seguridad en las urnas debería ser la prioridad de cualquier ajuste legal en la materia.
Asimismo, especialistas y legisladores de oposición alertaron sobre los riesgos operativos que implican los recortes directos. Emilio Suárez Licona advirtió que reducir el presupuesto sin una reingeniería institucional previa compromete la capacidad técnica del INE para realizar operaciones nacionales simultáneas, lo que podría generar saturación administrativa y poner en riesgo la certeza de los resultados en futuros comicios.
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