El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó este domingo una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con el objetivo de restituir la estabilidad laboral de los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP). La propuesta legislativa busca que este personal especializado acceda a nombramientos definitivos, eliminando el esquema de temporalidad que actualmente limita su función a un máximo de tres ciclos escolares.
De acuerdo con el documento presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la reforma pretende dotar de institucionalidad al acompañamiento docente, argumentando que la rotación constante de asesores debilita la continuidad de los proyectos educativos en las zonas escolares. Moreira Valdez señaló que la profesionalización de estos cuadros técnicos es una política estratégica para consolidar la mejora continua en el sistema de enseñanza nacional.
Estabilidad y Reconocimiento Profesional
La iniciativa plantea que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca procesos públicos y transparentes para el otorgamiento de bases definitivas tras un breve periodo de desempeño satisfactorio. Asimismo, propone la integración de criterios multifactoriales para la promoción, los cuales reconocerían la antigüedad, la experiencia en zonas de alta marginación y el desempeño en proyectos comunitarios específicos.
Entre las medidas de fomento propuestas por el legislador priista destacan la creación de incentivos económicos, programas de movilidad académica y el acceso a estudios de posgrado para el personal que destaque en su labor. Estos estímulos buscan mitigar el rezago profesional generado por la legislación vigente, la cual, según el texto de la iniciativa, redujo los incentivos para la especialización de largo plazo en el magisterio.
Contexto de la Figura Pedagógica
La figura de los ATP fue institucionalizada en 2013 como un mecanismo técnico para cerrar la brecha entre la política educativa y el aula. No obstante, Moreira Valdez recordó que con la expedición de la nueva ley en 2019, se eliminó la posibilidad de obtener una plaza definitiva en esta función, sustituyéndola por asignaciones temporales que, a juicio del legislador, han provocado una fuga de talento técnico y burocratización del liderazgo pedagógico.
El proyecto de reforma fundamenta su viabilidad técnica en recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UNESCO, organismos que señalan una correlación positiva entre el acompañamiento permanente al docente y el aprovechamiento académico de los estudiantes. El documento enfatiza que la infraestructura y los planes de estudio son insuficientes si no cuentan con una estructura técnica estable que supervise su implementación.
Finalmente, la propuesta fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis. Esta acción se enmarca en la agenda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para revisar los efectos operativos de las reformas educativas recientes y proponer ajustes que garanticen los derechos laborales de los trabajadores de la educación frente a los cambios en la normativa federal.
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