Un total de 17 organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), denunciaron que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se originó en un ducto submarino de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde inicios de febrero. Según un comunicado conjunto emitido este 30 de marzo, las autoridades habrían omitido deliberadamente la emisión de alertas, permitiendo que el contaminante avanzara hacia las costas de cuatro estados.
El documento detalla que imágenes satelitales del 6 de febrero muestran manchas de petróleo sobre el ducto submarino OLD AK C, ubicado frente a Campeche. Las organizaciones señalan que un buque especializado en reparación de ductos bajo contrato con Pemex permaneció en dicha zona durante ocho días. Para el 19 de febrero, la extensión de la mancha se estimó en 300 kilómetros cuadrados, periodo en el cual se registraron maniobras de dispersión con cañones de agua.
Señalamientos de falsedad oficial
Las asociaciones civiles sostienen que estos datos desmienten la versión gubernamental que atribuye el origen del vertido a un buque no identificado y a chapopoteras naturales. «Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido», sentencia el comunicado, argumentando que ocultar la fuente retrasa la obligación legal de reparar el daño causado según el Plan Nacional de Contingencia.
La omisión de información, apuntan los firmantes, dejó a las comunidades costeras en situación de vulnerabilidad al no permitirles preparar medidas de contención ni proteger su salud ante la llegada del crudo a playas de Tabasco y el sur de Veracruz a principios de marzo.
Exigencias de transparencia y remediación
El colectivo insta al Grupo Interinstitucional —conformado por Semar, Pemex, ASEA, Semarnat, Sener y Profepa— a informar con precisión desde qué fecha se tuvo conocimiento del incidente. Asimismo, exigen la transparencia de los estudios de impacto ambiental y los detalles de las denuncias iniciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre las demandas destacan la aplicación de medidas de restauración e indemnización en manglares, lagunas y arrecifes afectados. Las organizaciones, que incluyen a la Alianza Mexicana contra el Fracking y Nuestro Futuro, A.C., recalcan que el Estado tiene la obligación de responder con transparencia y remediación integral frente a lo que consideran una violación a los derechos de las poblaciones del Golfo de México.
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