La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes el envío al Senado de la República de un paquete de reformas a leyes secundarias, conocido como «Plan B» electoral. La iniciativa surge tras el rechazo de la propuesta constitucional original en la Cámara de Diputados y se centra en la reducción del gasto administrativo, la austeridad en los gobiernos locales y el fortalecimiento de la fiscalización financiera de los partidos políticos.
Durante la presentación en Palacio Nacional, la mandataria reconoció que la reforma estructural no avanzó por la falta de consenso, incluso entre fuerzas aliadas, respecto a la eliminación de legisladores plurinominales. Ante este escenario, el nuevo proyecto busca incidir en la estructura de costos de los estados y municipios, ajustando el número de representantes populares a criterios poblacionales y limitando sus remuneraciones.
Control al gasto local y municipal
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reducción de regidurías en los ayuntamientos, estableciendo un rango de entre 7 y 15 integrantes por cabildo. Asimismo, el plan fija un tope presupuestal para los congresos locales, los cuales no podrán ejercer más del 0.70% del presupuesto de egresos de su entidad federativa. Aquellas legislaturas que actualmente superen dicho límite deberán aplicar ajustes a la baja de forma inmediata.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la medida incluye una cláusula de limitación salarial estricta. Ningún regidor, presidente municipal, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) o magistrado de tribunales electorales podrá percibir un ingreso superior al de la titular del Ejecutivo Federal. La funcionaria subrayó que estos ahorros se reorientarán hacia proyectos de infraestructura municipal.
Fiscalización y transparencia partidista
En materia de fiscalización, el «Plan B» plantea reformas a la Ley General de Partidos Políticos para obligar a las dirigencias a transparentar sus remuneraciones y reportar sus operaciones financieras en tiempo real. Para ello, se propone el uso de sistemas bancarizados que permitan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) verificar el origen de los recursos y prevenir la infiltración de capitales ilícitos o extranjeros en las campañas.
La iniciativa también contempla cambios en la operatividad de los procesos electorales. Se propone que los cómputos de la elección federal inicien inmediatamente después de la llegada del primer paquete electoral a los distritos, eliminando los tiempos de espera actuales. Respecto a la revocación de mandato, el documento sugiere que la consulta se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, supeditado a la solicitud ciudadana.
Ajustes en el Poder Legislativo
El documento enviado a la Cámara Alta incluye un compromiso de reducción progresiva del gasto del Senado de la República hasta alcanzar un recorte del 15%. Esta medida se suma a la eliminación de prestaciones adicionales como seguros de gastos médicos mayores y bonos especiales para la alta burocracia de los órganos electorales, tanto federales como estatales.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum señaló que, aunque los temas de representación proporcional y reducción de legisladores federales quedaron fuera de este paquete por limitaciones constitucionales, su administración mantendrá la intención de impulsarlos en periodos legislativos posteriores. Por ahora, la viabilidad del «Plan B» dependerá de la mayoría simple en el Senado, donde los aliados de Morena confirmaron un acuerdo tras cuatro días de negociaciones.
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