La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este martes enviará al Congreso de la Unión una iniciativa secundaria de reforma electoral, denominada «Plan B», luego de que su propuesta constitucional fuera rechazada la semana pasada. El proyecto técnico busca generar ahorros por 4,000 millones de pesos anuales mediante la eliminación de privilegios en congresos estatales y gobiernos municipales.
La mandataria informó que este lunes realizará una revisión final a la redacción del documento, el cual prioriza el fortalecimiento de la consulta popular y la reducción de gastos operativos en las demarcaciones locales. El objetivo central es redireccionar los recursos excedentes directamente a servicios de infraestructura básica en las comunidades.
Reasignación de recursos a municipios
De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, los recursos que se obtengan de los ajustes presupuestales estarán etiquetados específicamente para obra pública, bacheo, drenaje y abastecimiento de agua potable. La presidenta subrayó que la reforma establecerá candados para evitar que los ahorros se utilicen en el pago de bonos, asesores o la adquisición de vehículos para funcionarios locales.
«La aportación federal tiene el objetivo de que no se vaya a pagar a un regidor sus bonos y beneficios, sino que se vaya para beneficio de la gente», detalló Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional. La estrategia busca descentralizar el impacto del ahorro administrativo hacia las necesidades más urgentes de la ciudadanía fuera de la capital.
Evaluación del escenario legislativo
Respecto al revés sufrido en la Cámara de Diputados, donde la reforma constitucional obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, la presidenta reconoció que la falta de consenso con las bancadas de oposición y sectores de sus aliados impidió la modificación de fondo sobre los legisladores plurinominales y el financiamiento directo a los partidos políticos.
Cabe destacar que en la votación pasada, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) se sumaron a los bloques del PRI, PAN y MC para frenar la iniciativa original. Al respecto, la titular del Ejecutivo señaló que la posición de cada legislador será evaluada por la ciudadanía, pero advirtió que su administración «no quitará el dedo del renglón» en la austeridad partidista.
Próximos pasos en la agenda
Esta noche, la presidenta sostendrá una reunión de trabajo con liderazgos parlamentarios en Palacio Nacional para coordinar la agenda legislativa pendiente. Además del nuevo paquete electoral, se discutirá el avance de la minuta para la eliminación de la denominada «pensión dorada», la cual ya cuenta con el aval del Senado de la República.
El nuevo proyecto de ley, al ser de carácter secundario, requiere únicamente de la mayoría absoluta para su aprobación, un escenario numérico más viable para el bloque oficialista. No obstante, el contenido final deberá sortear el análisis técnico sobre las facultades federales para intervenir en los presupuestos autónomos de las entidades federativas.
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