Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron este martes, en lo general, el dictamen de la reforma política electoral. Con un total de 45 votos a favor provenientes exclusivamente del Grupo Parlamentario de Morena, el proyecto fue turnado al pleno para su discusión y votación definitiva programada para este miércoles.
La aprobación se dio tras una reconfiguración interna en la Comisión de Reforma Política-Electoral, donde Morena incorporó a cuatro nuevos integrantes de su bancada para asegurar la mayoría simple necesaria. Por su parte, los grupos parlamentarios de oposición, junto con los aliados de la coalición oficialista, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), sumaron 39 sufragios en contra.
Divisiones en el bloque oficialista y debate pactado
El proceso legislativo estuvo marcado por lo que se denominó un «debate pactado» desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), estrategia atribuida al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, con el fin de evitar confrontaciones públicas entre los legisladores de la llamada Cuarta Transformación. No obstante, el diputado del PT, Pedro Vázquez, manifestó durante la sesión que su partido ha sido objeto de un «linchamiento mediático» desde el gobierno federal.
Durante la jornada, se observó un distanciamiento incluso en la difusión institucional, ya que el equipo de prensa de la bancada mayoritaria omitió distribuir las intervenciones de figuras clave como el vocero Arturo Ávila o el propio Monreal.
Postura de la oposición y temas omitidos
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de la diputada Abigail Arredondo, ratificó su voto en contra señalando deficiencias estructurales en la propuesta. La legisladora cuestionó la ausencia de mecanismos para frenar la incursión del crimen organizado en los procesos electorales y el financiamiento ilícito de campañas.
Arredondo también enfatizó que el dictamen ignora problemas críticos como la violencia política extrema, las ejecuciones de candidatos, el denominado «chapulineo legislativo», la sobrerrepresentación en el Congreso y el uso de programas sociales con fines electorales, temas que calificó como deudas pendientes con la democracia del país.
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