La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone modificar 11 artículos constitucionales relacionados con la nueva integración del Congreso de la Unión; la reducción de tiempos en radio y televisión; la regulación de la inteligencia artificial; y la prohibición del financiamiento ilícito.
Entre los puntos más polémicos de la iniciativa, y que han provocado la oposición del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, está la reconfiguración del Congreso: la reducción de senadores y la modificación en la elección de diputados plurinominales.
En la Cámara de Diputados se mantiene la integración de 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional. Sin embargo, la propuesta cambia la forma de asignación de 200 curules, por lo que se eliminaría el modelo de listas cerradas registradas previamente por los partidos.
Mientras que el Senado de la República, se vería eliminado por la representación proporcional, quedando sus 96 escaños únicamente por mayoría relativa y primera minoría.
Asimismo, entre las propuestas también está la reducción del financiamiento de las fuerzas políticas en un 25% para gasto ordinario, así como la prohibición del uso de fondos ilícitos y el financiamiento del extranjero.
Entre los temas más novedosos, se encuentra la regulación de la Inteligencia Artificial. En la propuesta se señala que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de IA, deberá estar etiquetado por su emisor, para facilitar su identificación.
En este sentido, menciona que las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, “serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”. “La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”, anuncia la iniciativa.
Además, se reduce un 27 por ciento los tiempos de radio y TV para fines electorales durante las precampañas y campañas.
Respecto al tema de fiscalización, el proyecto estipula que todos los ingresos, egresos y demás operaciones financieras de precandidatos, candidatos y de los partidos políticos nacionales y locales, deberán ser reportados cotidianamente.
Entre las novedades del planteamiento realizado desde Palacio Nacional, se encuentra la implementación del voto electrónico en las consultas populares para lo cual establece incluir el uso de tecnologías de la información y comunicación para este ejercicio.
La titular del Ejecutivo también propone que las instituciones del sistema financiero deben colaborar con el INE para la fiscalización de partidos políticos y candidaturas.
Finalmente, entre los cambios se busca la elevación a rango constitucional las acciones afirmativas en favor de grupos históricamente subrepresentados.
Cabe señalar que en la propuesta de Sheinbaum Pardo no se menciona nada referente a las elecciones judiciales, además de que entre los temas ausentes está lo relativo al fuero, al nepotismo y revocación de mandato.
De igual manera, la iniciativa no contempla recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) y deja intacta su estructura; sin embargo, esos cambios pueden realizarse en leyes secundarias solo con los votos del partido guinda.
La ruta legislativa
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que inicia formalmente el proceso legislativo. Tras su discusión y aprobación en comisiones, podrá remitirse al Pleno para ser discutida.
Cabe señalar que de acuerdo con los tiempos y para que dicha modificación de Ley sea válida para el proceso electoral de 2027, INE deberá emitir lineamientos y acuerdos acordes a la reforma constitucional a más tardar el 15 de mayo, lo que podría representar un desafío para la autoridad electoral.
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