La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió este martes que la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo debe priorizar el blindaje de los comicios frente a la intervención del crimen organizado. Al margen de los ajustes administrativos propuestos por la Presidencia, la legisladora señaló que el cese del condicionamiento de programas sociales y la seguridad en el territorio son los temas de fondo que el Congreso debe resolver.
En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, la diputada presidenta subrayó que la participación de todos los grupos parlamentarios es requisito indispensable para legitimar cualquier modificación constitucional. Manifestó que el Poder Legislativo se mantiene en espera del documento oficial, cuya llegada se prevé en las próximas horas tras los ajustes técnicos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Seguridad y fiscalización de campañas
«Necesitamos detener las manos de los cárteles y del crimen organizado, porque esas manos las meten en las elecciones, pagan campañas y luego se sienten los dueños del territorio», sostuvo López Rabadán. Este pronunciamiento sitúa el debate en un eje de seguridad nacional, justo cuando el Artículo 105 constitucional impone el 31 de mayo como fecha fatal para publicar cambios que impacten el proceso electoral de 2027.
La legisladora enfatizó que la fiscalización debe ser rigurosa para evitar que recursos ilícitos fluyan hacia las contiendas. Para la presidencia de la Cámara, la discusión no debe limitarse a la eliminación de legisladores plurinominales, sino a fortalecer la capacidad del Estado para impedir que grupos delictivos determinen candidaturas o resultados mediante la violencia.
Blindaje a programas sociales
Otro de los pilares que la oposición buscará integrar en la discusión es la garantía de que la ciudadanía no sea coaccionada mediante los apoyos gubernamentales. López Rabadán insistió en que los programas sociales son financiados por los contribuyentes y, por tanto, su entrega no debe estar sujeta a la filiación partidista ni a la orientación del voto en las urnas.
La postura de la Mesa Directiva anticipa una negociación compleja en la LXVI Legislatura, donde el bloque oficialista requiere de consensos con la oposición para alcanzar la mayoría calificada. Mientras se define la ruta de la reforma electoral, la Cámara avanzó paralelamente en el endurecimiento de penas contra el reclutamiento forzado de menores, elevando las sanciones a 20 años de prisión, medida que será votada por el pleno este miércoles.
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