El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de obligar a todas las casetas de cobro del país a aceptar tarjetas de débito y crédito como medio de pago estándar. La propuesta busca modernizar la infraestructura vial y facilitar el tránsito en las vías generales de comunicación.
La iniciativa plantea eliminar la dependencia del efectivo y la necesidad de adquirir dispositivos de telepeaje (TAG) para usuarios que realizan viajes ocasionales. De aprobarse, la Federación, los estados y los municipios deberán garantizar la implementación de terminales que acepten tecnología de chip y sistemas «sin contacto» en todas las plazas de cobro del territorio nacional.
Modernización y sanciones operativas
El proyecto establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) será la encargada de emitir las disposiciones generales para homologar la operación de estos medios. Esto incluye la señalización obligatoria de carriles con aceptación de tarjeta, protocolos de contingencia ante fallas del sistema y mecanismos de aclaración para los usuarios.
Para asegurar el cumplimiento de la normativa, el legislador propuso sanciones administrativas de hasta mil días de salario mínimo para los operadores que no habiliten estos mecanismos. En el caso de los esquemas de circulación continua o pórticos, los concesionarios deberán instalar quioscos o terminales de pago inmediato que no obliguen a la contratación de servicios de prepago.
Abramo Masso señaló que actualmente la mayoría de las casetas administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) limitan sus opciones de pago, lo que genera saturación y largas filas. Según el documento legislativo, esta limitación técnica afecta la competitividad logística y la experiencia de movilidad tanto de ciudadanos nacionales como de turistas extranjeros.
La reforma también impactaría la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, exigiendo una coordinación técnica entre los tres niveles de gobierno para armonizar el diseño de las plazas de cobro con las normas oficiales mexicanas. El objetivo final es reducir los tiempos de espera y mejorar la seguridad vial mediante una operación eficiente de los centros de peaje.
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