El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció graves violaciones al proceso parlamentario en la discusión de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas. La bancada advirtió que la actual propuesta colisiona con un dictamen votado unánimemente en la legislatura pasada, el cual establecía un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso, derecho que, según la oposición, está siendo vulnerado en el nuevo texto.
Los legisladores, encabezados por el coordinador Rubén Moreira Valdez, señalaron que la minuta proveniente del Senado pretende imponer una jornada de seis días laborales por uno de descanso, intentando acomodar las horas en dicho periodo. El bloque opositor calificó este ajuste como un engaño al trabajador, ya que no se traduce en un incremento real del tiempo de recreación familiar ni respeta los estándares de bienestar planteados originalmente en los ejercicios de parlamento abierto.
Riesgos económicos y horas extra
La propuesta priista enfatiza la carencia de estímulos fiscales y económicos para los pequeños empresarios que deberán absorber los costos operativos de la transición. El partido adelantó que, si bien votarán a favor en lo general, presentarán reservas para exigir que el Gobierno Federal implemente mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, evitando que la medida provoque el cierre de negocios o bajas en la productividad.
Otro punto de fricción técnica identificado es el incremento de las horas extra pagadas, las cuales aumentarían de nueve a 12 horas. La oposición alertó que esta modificación podría derivar en jornadas efectivas de hasta 52 horas semanales, lo que contradice las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y perpetúa a México como uno de los países con las jornadas más amplias dentro de la OCDE.
Postura ante la reforma electoral
En el ámbito electoral, la dirigencia nacional manifestó su desconfianza hacia la propuesta de reforma impulsada por el Ejecutivo, a la que denominaron «Ley Maduro». Los legisladores denunciaron que el proyecto busca reinstaurar el uso de «acordeones» en los procesos de votación para facilitar la sobrerrepresentación oficialista, por lo que confirmaron que no participarán en lo que consideran una farsa institucional.
Finalmente, la bancada abordó la crisis de salud pública derivada del brote de sarampión, responsabilizando a la administración federal por la supresión de los esquemas nacionales de vacunación. Ante el flujo de personas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la fracción parlamentaria exigirá la implementación inmediata de protocolos de inmunización y seguridad sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad en el recinto y el resto del país.
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