La Cámara de Diputados recibió formalmente la noche de este miércoles la minuta enviada por el Senado de la República para reformar el artículo 123 constitucional, la cual plantea la reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. La Mesa Directiva, encabezada por Kenia López Rabadán, confirmó que el documento será turnado de inmediato a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo para su dictaminación.
El proyecto legislativo destaca por establecer una implementación gradual, diseñada para mitigar el impacto inmediato en los sectores productivos. De acuerdo con el calendario de transitoriedad, la jornada de 48 horas se mantendrá vigente durante 2026, iniciando el descenso a 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029, hasta consolidar el límite de 40 horas en el año 2030.
Blindaje salarial y proceso legislativo
Una de las cláusulas centrales del documento de ocho páginas especifica que la reducción del tiempo de trabajo no podrá implicar una disminución en los sueldos, salarios o prestaciones de los empleados. Asimismo, ratifica el derecho a disfrutar de al menos un día de descanso con goce de sueldo íntegro por cada seis días de labores, punto que ha generado observaciones técnicas entre los legisladores.
Tras la publicación en la Gaceta Parlamentaria, los integrantes de la Cámara revisora cuentan con un plazo de cinco días para el análisis del contenido antes de su discusión técnica. Se prevé que el debate en el pleno de San Lázaro ocurra el próximo miércoles, una vez que las comisiones unidas agoten la revisión de la minuta enviada por la Cámara Alta.
Reservas y postura de la oposición
A pesar del avance del proyecto, diputados de los bloques de oposición confirmaron que presentarán reservas durante la discusión parlamentaria. El objetivo principal de estas modificaciones será garantizar por ley los dos días de descanso obligatorios, buscando ampliar el beneficio que actualmente contempla la minuta senatorial, la cual se limita a mencionar un solo día.
Para que la reforma entre en vigor, además de la aprobación por mayoría calificada en la Cámara de Diputados, se requiere el aval de al menos 17 congresos locales. Este proceso institucional determinará la viabilidad del esquema de reducción que, de cumplirse los plazos, vería sus primeros efectos legales a partir del 1 de enero de 2027.
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