El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recibió formalmente una iniciativa del Congreso de Chiapas que busca reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La propuesta, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pretende facultar a las corporaciones de seguridad estatales para portar armamento que actualmente está reservado para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Durante la entrega del documento en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal Ávila señaló que la iniciativa busca cerrar la brecha operativa entre las policías locales y el crimen organizado. «Lo que se intenta es permitirles a las policías estatales el uso de armas que ahora son exclusivas del Ejército y que hoy está prohibido portar», explicó el legislador ante una delegación plural de diputados chiapanecos.
Control estricto y profesionalización
La iniciativa plantea que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantenga el control absoluto sobre los permisos, licencias, resguardos y donaciones del armamento autorizado. Monreal enfatizó que la reforma no busca la militarización de las instituciones civiles, sino una «reinterpretación funcional» del régimen de armamento sujeta a principios de legalidad y necesidad.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, destacó que la medida se complementa con una reforma local para la profesionalización obligatoria de los elementos de seguridad, la cual entraría en vigor el 1 de enero de 2027. «No solamente es dotar de armas, sino también de capacitar», puntualizó.
Debate sobre la capacidad de respuesta
Representantes del Congreso estatal argumentaron que las fuerzas locales se encuentran en desventaja frente al alto poder de fuego de la delincuencia. El diputado local Mario Francisco Guillén Guillén afirmó que es necesario que las policías estén «mejor preparadas que la delincuencia» para generar estabilidad y atraer inversión al estado.
El diputado Monreal calificó el tema como un «tabú» de décadas que finalmente se abre al debate nacional. La iniciativa seguirá ahora su trámite procesal en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su análisis y posible dictaminación.
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