El Grupo Parlamentario del PAN informó que amplió la denuncia presentada por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido recientemente y que dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionadas, con el objetivo de que se realice una investigación exhaustiva e independiente que permita deslindar responsabilidades administrativas y penales.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado señaló que el hecho no puede considerarse fortuito y que, ante la pérdida de vidas humanas en una obra pública, el Estado tiene la obligación de investigar las causas, sancionar omisiones y prevenir nuevos riesgos. Indicó que la ampliación responde a nueva información pública y técnica disponible.
El grupo parlamentario precisó que la denuncia original, presentada el 6 de enero, fue reforzada con nuevos hechos, datos técnicos e investigaciones periodísticas, los cuales apuntan a posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, deficiencias de mantenimiento y omisiones en la supervisión del proyecto ferroviario.
De acuerdo con Acción Nacional, el proyecto del Corredor Interoceánico acumuló al menos 14 auditorías y revisiones con observaciones técnicas que no fueron atendidas oportunamente, mientras continuaba la operación con infraestructura antigua y trenes con más de cinco décadas de servicio.
El PAN indicó que el tramo donde ocurrió el descarrilamiento había sido intervenido días antes del accidente, pese a que se destinaron recursos públicos por miles de millones de pesos para trabajos de corrección y modernización, lo que, señaló, hace necesario revisar la eficacia de dichas acciones.
Asimismo, el grupo parlamentario señaló que la entrega del proyecto a las Fuerzas Armadas implicó un esquema operativo con menores controles civiles, lo que, afirmó, redujo la transparencia y limitó los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas.
Finalmente, el PAN reiteró su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y aseguró que continuará aportando información ante instancias fiscalizadoras, anticorrupción y penales, con el objetivo de que el caso sea esclarecido y se determinen responsabilidades conforme a la ley.
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