El Gobierno de Puebla acusó a TV Azteca de emprender una campaña sistemática de desinformación contra la administración del gobernador Alejandro Armenta, al atribuir los señalamientos mediáticos a una represalia económica tras la negativa estatal a aceptar presiones comerciales, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra.
De acuerdo con el funcionario, la televisora habría buscado en 2025 convenios y contratos con el gobierno estatal por un monto de 2 mil 350 millones de pesos, relacionados con servicios como seguros e internet. Al no concretarse esos acuerdos, señaló, se intensificaron contenidos críticos hacia la administración.
García Parra sostuvo que la postura del Ejecutivo estatal responde a criterios de uso responsable de recursos públicos. “Un gobierno no puede estar sujeto a los intereses de una empresa”, declaró, al añadir que la administración prioriza proyectos de beneficio social sobre compromisos comerciales.
Caso Pahuatlán
Como ejemplo de lo que calificó como malas prácticas informativas, el gobierno expuso un caso ocurrido en el municipio de Pahuatlán. Según la versión oficial, personal de la televisora entrevistó a una familia de la zona mediante engaños para obtener declaraciones.
La familia, añadió el funcionario, presentó una queja ante el Sistema de Información y Comunicación (SICOM), donde denunció que sus palabras fueron manipuladas para ajustarlas a la narrativa del reportaje. De acuerdo con esa denuncia, el material omitió que las personas entrevistadas expresaron agradecimiento por el apoyo gubernamental recibido.
El Gobierno de Puebla afirmó que este tipo de contenidos podrían persistir mientras se mantenga la negativa a las pretensiones económicas de la empresa, aunque reiteró que su política de comunicación se rige por la transparencia y la rendición de cuentas.
Finalmente, la administración estatal reiteró que continuará destinando el presupuesto a obras públicas y programas sociales, y que responderá a los señalamientos con información oficial y verificable. Todas las acusaciones y señalamientos fueron atribuidos por el Gobierno de Puebla.
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