El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma de manera interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, quien fue arrestado por Estados Unidos tras un operativo militar que incluyó ataques a Caracas y otros estados del país.
La Sala Constitucional del TSJ precisó que Rodríguez debe ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades incorporadas al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”. La decisión se tomó considerando “la agresión militar extranjera suscitada”, con el objetivo de la captura del mandatario constitucional.
Maduro fue trasladado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. La intervención estadounidense se desarrolló en medio de ataques aéreos sobre la capital venezolana y otras tres entidades federales.
Alcance temporal y legal
El TSJ consideró la ausencia de Maduro como temporal, lo que implica que Rodríguez ejercerá la presidencia interina por un período de hasta 90 días, susceptible de prórroga por otros tres meses a decisión del Parlamento venezolano.
De declararse una falta absoluta, la normativa venezolana establece que se deben convocar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 30 días, con el objetivo de garantizar la continuidad democrática del país.
La sentencia llega mientras la nueva Asamblea Nacional, electa en mayo de 2025, se prepara para iniciar funciones este lunes, lo que podría influir en decisiones futuras sobre la extensión del mandato interino y la convocatoria a elecciones.
El tribunal subrayó que la medida busca garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación, en un contexto de tensión internacional derivado de la captura del presidente en territorio estadounidense.
Expertos en derecho constitucional señalan que esta medida se ajusta a la legislación vigente, que prevé la sucesión temporal del presidente ante situaciones de ausencia forzada o impedimento de ejercer funciones, en coordinación con la Asamblea Nacional.
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