El diputado federal Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, afirmó que la explosión registrada el fin de semana en Michoacán solo podrá ser clasificada jurídicamente una vez que se detenga a los autores intelectuales, al señalar que la intención del ataque es un elemento indispensable para la tipificación penal. Subrayó que, en términos de percepción social, el hecho generó “terror en la comunidad”.
Moreira explicó que el Código Penal Federal contempla diversos criterios para definir un acto como terrorismo, entre ellos afectaciones a la seguridad nacional o intentos por influir en decisiones gubernamentales. Indicó que la autoridad ministerial deberá determinar si el caso cumple con esos elementos.
Seguridad en Michoacán
El legislador sostuvo que la problemática de seguridad en Michoacán requiere que el gobierno estatal asuma su responsabilidad. Consideró que la falta de policías municipales y la operación del crimen organizado en diversos municipios han agravado la situación. Añadió que la estrategia federal difícilmente tendrá resultados si no existe coordinación con las autoridades locales.
Moreira señaló que algunos estados han logrado avanzar en materia de seguridad y puso como ejemplo Coahuila, donde —dijo— se impulsaron acciones de depuración policial y fortalecimiento institucional. Indicó que la reconstrucción de la seguridad depende de la responsabilidad de los gobiernos locales y de la eliminación de prácticas que favorecen al crimen.
Declaraciones sobre autoridades y operación criminal
Al ser cuestionado sobre las condiciones en otros estados, mencionó casos como Guerrero, Estado de México y Colima, donde señaló que la presencia criminal se vincula con factores como la actividad portuaria y la falta de supervisión financiera. Planteó que sin la participación activa de los gobiernos estatales y municipales, la intervención federal no es suficiente.
El diputado aseguró que la consolidación de la paz requiere policías “limpias, bien pagadas y preparadas”, grupos especializados y regulaciones que inhiban actividades ilícitas. Agregó que el combate al crimen organizado debe basarse en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y en acciones sostenidas contra generadores de violencia.
Debate sobre la reforma a vapeadores
En relación con la reforma sobre vapeadores, Moreira señaló que la propuesta impulsada por legisladores del PT y apoyada por Morena podría derivar en la criminalización de consumidores. Apuntó que, aun retirando el término “adquisición”, permanecen conceptos como “conservar”, “almacenar” y “mezclar”, lo que a su juicio mantiene riesgos de interpretación amplia.
Indicó que el tipo penal debe ser claro para evitar abusos y que la redacción actual podría fomentar prácticas como extorsión o contrabando. También destacó que el debate ocurre en un contexto de mayores necesidades de recaudación, al referirse a medidas como aranceles y ajustes fiscales.
Aranceles y política económica
Consultado sobre los nuevos aranceles anunciados para ciertos productos, Moreira afirmó que la intención principal es recaudar hasta 70 mil millones de pesos, sin que exista —según dijo— un planteamiento sólido sobre desarrollo de proveeduría local, inflación o combate al contrabando. Señaló que el aumento en ingresos fiscales recaería en consumidores.
El coordinador parlamentario agregó que la deuda pública proyectada para el cierre del sexenio podría alcanzar 28 billones de pesos, derivada de mayores requerimientos presupuestales. Enfatizó que, ante ese escenario, diversas medidas fiscales buscan ampliar los ingresos del gobierno.
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