El diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, informó que presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE una denuncia contra el PAN-CDMX por presunta propaganda simulada, uso indebido de recursos y aportaciones prohibidas. La queja involucra al ciudadano Edson Saúl Andrade Lemus, quien, según el legislador, habría recibido pagos mediante un contrato vigente.
Ávila explicó que la denuncia se basa en la presunta existencia de un contrato por más de 2 millones de pesos, con pagos mensuales de 175 mil pesos, celebrado entre Andrade Lemus y el PAN. Señaló que este vínculo contradice la imagen de apartidismo que el joven había presentado en diversos espacios mediáticos.
El legislador argumentó que la información constituye indicios de intervención ilegal de particulares, actos contrarios a los principios de equidad, legalidad y autenticidad del sufragio, así como posibles irregularidades relacionadas con triangulación de recursos, aportaciones en especie y gastos no reportados. Añadió que la denuncia solicita una auditoría al partido conforme al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.
Señalamientos sobre contratos y posible propaganda irregular
Ávila afirmó que la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Adriana Gutiérrez Sureña, reconoció públicamente en un debate que el contrato mencionado financiaba actividades de al menos siete personas adicionales. Según el diputado, esta declaración respalda la hipótesis de un esquema de financiamiento que no corresponde al objeto contractual reportado.
El vocero de Morena sostuvo que la presunta práctica implicaría la utilización de contratos con un fin específico para cubrir otros conceptos, lo que, afirmó, podría constituir una violación a la legislación electoral y al reglamento de fiscalización. Por ello, consideró que el caso amerita la apertura de un procedimiento de oficio.
El legislador añadió que, de comprobarse las irregularidades, las sanciones podrían escalar, incluyendo la posibilidad de aplicar medidas previstas en la ley, entre ellas la pérdida del registro partidista. Subrayó que la denuncia se fundamenta en hechos “públicos”, “notorios” y “verificables”.
Respuestas a cuestionamientos y alcances de la denuncia
Durante el encuentro con medios, Ávila aclaró que la denuncia presentada ante el INE corresponde al ámbito administrativo, aunque no descartó que los hechos pudieran derivar en una revisión por parte de la fiscalía especializada en delitos electorales.
Consultado sobre la posible existencia de campaña anticipada, el diputado indicó que el señalamiento central está relacionado con la presunta utilización de recursos mediante esquemas no reportados y con la supuesta existencia de una estructura de propaganda partidista encubierta. Destacó que estos elementos, de acuerdo con la denuncia, implican una posible violación al marco de fiscalización en materia electoral.
El legislador también respondió preguntas sobre comparaciones con otras figuras públicas, señalando que el caso denunciado se refiere específicamente a la existencia de un contrato y a su presunta utilización para fines distintos a los establecidos. Reiteró que el documento fue presentado oficialmente y que esperan una respuesta en los tiempos establecidos por la autoridad.
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