El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México rechazó las acusaciones que buscan vincular al dirigente nacional, Alejandro Moreno, y a liderazgos del partido en la capital y el Estado de México con los hechos violentos ocurridos el 15 de noviembre. De acuerdo con las y los legisladores priistas, los señalamientos carecen de sustento legal y responden a fines políticos.
En un comunicado, el PRI capitalino afirmó que estas acusaciones forman parte de intentos por “fabricar culpables”, al señalar que no existen pruebas, testimonios ni elementos jurídicos que respalden la versión que los involucra en los disturbios registrados durante la marcha. También rechazaron los señalamientos contra Israel Betanzos, Cristina Ruiz Sandoval y Carlos Gutiérrez Mancilla, señalados como parte de la narrativa pública en torno al caso.
Las diputadas y los diputados del PRI acusaron que legisladores de Morena impulsan una comisión investigadora sin facultades definidas ni sustento jurídico. Indicaron que la propuesta se presentó de manera apresurada y que podría utilizarse como mecanismo de presión política. Según la bancada priista, aún sin haberse constituido, se habría intentado emplear este órgano para respaldar una denuncia sin elementos objetivos.
El grupo parlamentario también señaló que se ha buscado involucrar a la Fiscalía capitalina en un caso que, aseguraron, “no existe en términos jurídicos”, ya que no habría evidencias que justifiquen su intervención. Sostuvieron que este tipo de acciones podrían reflejar un uso político de instituciones encargadas de la procuración de justicia.
Las y los legisladores priistas criticaron que, en lugar de atender temas relacionados con seguridad y atención ciudadana, desde Morena se impulse una narrativa que consideran destinada a distraer la discusión pública. Aseguraron que se pretende desviar la atención de problemáticas como la violencia y la inseguridad presentes en distintos puntos de la capital.
Ante esta situación, el PRI CDMX anunció que presentará denuncias formales contra legisladores de Morena que, a su juicio, han promovido una persecución política mediante imputaciones sin sustento. Argumentaron que las acciones podrían configurar intimidación, abuso de funciones y falsedad ante la autoridad.
En el comunicado, el partido agregó que estos hechos se suman a señalamientos previos contra su dirigencia nacional y legisladores, a quienes, indicaron, se les ha acusado sin fundamento por ejercer su papel de oposición. El grupo parlamentario reiteró que continuará exigiendo respeto al debido proceso y al Estado de derecho.
Finalmente, sostuvieron que las dirigencias del PRI, tanto federales como locales, mantendrán su postura crítica y seguirán participando en la vida pública. Afirmaron que respaldarán a sectores sociales que demandan representación y que no permitirán el uso político de instituciones legislativas o ministeriales.
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