La expresidenta de Perú, Dina Boluarte (2022-2025), destituida por el Congreso en octubre pasado, negó categóricamente su intención de fugarse del país o buscar asilo político en el exterior. La exmandataria intervino de forma virtual este lunes ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la audiencia que evalúa una orden de impedimento de salida del país solicitada por la Fiscalía.
Defensa de la expresidenta
Al dirigirse al tribunal, Boluarte, quien enfrenta varios procesos penales, aseguró ser «la primera interesada en llegar a la verdad». Recordó que actualmente no tiene ninguna restricción para viajar al extranjero. Pese a ello, afirmó: «no lo haré (…), continuaré defendiéndome porque soy inocente». Boluarte, quien asumió la presidencia tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022, insistió en su respeto por las instituciones del país y en que ha asistido a todas las citaciones judiciales recibidas hasta la fecha.
Argumentos de la fiscalía y críticas
El pedido de impedimento de salida planteado por la Fiscalía se enmarca en un proceso por presunta negociación incompatible. Este caso se abrió a raíz de supuestas cirugías estéticas faciales que la exmandataria se habría realizado sin la debida autorización del Congreso, cuyo pago se habría gestionado a través del seguro social (Essalud), sumado al nombramiento de presuntos colaboradores de los cirujanos en puestos públicos de confianza.
La exgobernante criticó que la Fiscalía utilice el trabajo diplomático de uno de sus hijos como argumento para apelar e insistir en la orden judicial: “¿Cómo es posible que la Fiscalía en su apelación ponga el trabajo de mi hijo? ¿Cómo podría pretender involucrar a mi hijo en un asilo, es una situación que no calza en la petición de la Fiscalía?”, cuestionó.
Boluarte también rechazó la versión de la Fiscalía sobre la existencia de «contactos en el extranjero» debido a su reciente labor ejecutiva, señalando que sus viajes formaron parte de la política exterior de Perú e incluyeron reuniones bilaterales con presidentes y ministros de terceros países.
Resolución pendiente y pensión vitalicia
Tras escuchar a las partes, el titular de la sala anunció que la decisión sobre el impedimento de salida será resuelta de inmediato y que el pedido de la Fiscalía quedaba al voto. Se espera que la decisión se dé a conocer en las próximas horas.
La intervención judicial de Boluarte ocurre en medio de la controversia generada por un pedido que ha realizado al Congreso, según reportó el programa Cuarto Poder, para recibir una pensión vitalicia de entre 26,000 y 35,000 soles (aproximadamente 7,600 a 10,300 dólares) mensuales, además de automóvil oficial, chófer y combustible.
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