El pleno del Congreso de Perú no alcanzó los votos suficientes este miércoles para aprobar una moción que buscaba inhabilitar por 10 años para el eejercicio de la función pública a Betssy Chávez, exprimera ministra del expresidente Pedro Castillo. El informe, que la acusaba de participar en el fallido intento de golpe de Estado de 2022, pasó al archivo al obtener 63 votos a favor, insuficientes para los 68 requeridos.
Chávez se encuentra asilada desde hace dos semanas en la Embajada de México en Lima ante el juicio que enfrenta por el caso del golpe de Estado.
Detalles de la moción y el caso penal
La moción, presentada en marzo de 2023 por la parlamentaria Patricia Chirinos, proponía la sanción de inhabilitación por infracción a varios artículos de la Constitución, en relación con el rol de Chávez en las «acciones previas, simultáneas y posteriores al acto inconstitucional atribuido al entonces presidente».
El documento argumentaba que la exprimera ministra habría «faltado a la verdad» en sus declaraciones y pertenecía al grupo que perpetró el intento de golpe de Estado.
Chávez fue detenida en junio de 2023 y estuvo en prisión preventiva hasta septiembre del mismo año, cuando el Tribunal Constitucional reconoció que fue víctima de una detención arbitraria. Actualmente, la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
Asilo en México y ruptura diplomática
Hace dos semanas, la exprimera ministra recibió el asilo por parte del Gobierno de México y fue acogida en la residencia del embajador. Sin embargo, el gobierno peruano no ha entregado el salvoconducto para que Chávez viaje a México. Perú busca lograr apoyo de más países en la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas, que regula el asilo político diplomático.
Tras el otorgamiento del asilo a Chávez por el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo peruano decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales. Las relaciones ya funcionaban sin embajadores desde 2023 debido a que México no reconocía la legitimidad de la entonces presidenta peruana, Dina Boluarte.
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