Durante la reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, respaldó la actualización de la Ley Aduanera, siempre que incluya medidas para eliminar la corrupción y evitar la simulación fiscal.
El legislador señaló que la responsabilidad no debe recaer únicamente en el sector privado, sino también en las autoridades. “No es bueno que se le aviente toda la responsabilidad al privado. Tiene que haber compromiso del sector público para que los funcionarios aduanales tengan una corresponsabilidad con importadores y agentes privados”, expuso.
Abramo cuestionó a los funcionarios sobre los mecanismos que se aplicarán para evitar la simulación fiscal desde las áreas de supervisión y control del Estado. Además, planteó la necesidad de definir un órgano de defensa para los particulares en caso de abusos de las autoridades fiscales o judiciales, así como establecer evaluaciones anuales sobre los resultados de la reforma.
Lucha contra corrupción y huachicol fiscal
El diputado priista subrayó que una reducción efectiva de la corrupción en aduanas permitiría combatir el llamado “huachicol fiscal” y otros delitos asociados. Recordó que en los últimos seis años se heredó “el mayor fraude de huachicol de la historia”, lo que provocó pérdidas millonarias al erario.
De acuerdo con datos mencionados en su intervención, el fisco dejó de recibir 560 mil millones de pesos por el huachicol y se estima un impacto de más de 454 mil millones de pesos por simulación fiscal ligada a factureras.
Transparencia y corresponsabilidad
Abramo reconoció la disposición del actual secretario de Hacienda para “cambiar la historia” y aseguró que su grupo parlamentario está dispuesto a colaborar, siempre y cuando se garantice transparencia y se fijen fechas de cumplimiento para reducir la corrupción.
Finalmente, advirtió que no se puede trasladar toda la carga al sector privado, ya que tareas como la revisión de mercancías requieren la intervención directa de funcionarios capacitados. “Tiene que haber una corresponsabilidad con el empleado gubernamental y con los sectores de seguridad para certificar qué entra y qué sale por las fronteras mexicanas”, concluyó.
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