La diputada federal Verónica Pérez Herrera, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presentó la “Ley Abraham”, una iniciativa que busca reformar la Ley General de Salud para garantizar la salud mental y los derechos laborales de médicos, pasantes y residentes en el país.
La propuesta surge tras la muerte del médico residente Abraham, quien enfrentó acoso laboral, humillaciones y sobrecarga de trabajo. El caso motivó la creación de un marco legal que prevenga abusos en hospitales y centros de formación, y establezca sanciones claras contra el hostigamiento, la discriminación y la violencia laboral.
Pérez Herrera destacó que la iniciativa responde a una demanda social expresada en plataformas ciudadanas como change.org, donde miles de personas han exigido mejores condiciones para los médicos en formación. Subrayó además que el proyecto será enriquecido a través del diálogo con trabajadores de la salud, estudiantes, residentes y colectivos del sector.
Entre sus propuestas principales, la Ley Abraham contempla evaluaciones periódicas de salud mental con acceso garantizado a atención psicológica, ambientes libres de violencia y discriminación, trato digno para el personal médico y penas de seis meses a cinco años de prisión para quienes incurran en acoso, hostigamiento o induzcan al suicidio de otro trabajador.
“La vida de quienes salvan vidas también importa. Con esta ley queremos cuidar a quienes nos cuidan, porque la salud mental y la dignidad del personal médico deben ser una prioridad nacional”, expresó la legisladora al presentar la iniciativa en el pleno.
El proyecto también incluye un Capítulo IV de Derechos del Personal de Salud, que busca proteger especialmente a pasantes y residentes, considerados entre los más vulnerables dentro del sistema. Se establece que las evaluaciones de salud mental no afectarán su trayectoria académica o laboral.
Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional refrenda su compromiso de impulsar un sistema de salud más humano y sostenible, en el que el bienestar de médicos, médicas y estudiantes sea responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
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