Organismos empresariales, agrícolas, ganaderos y de la sociedad civil denunciaron la persistencia de presuntas extorsiones y cobros ilegales en la Comarca Lagunera, atribuidos a operadores vinculados con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y con grupos del crimen organizado.
Pronunciamiento conjunto
El documento, difundido el miércoles, fue firmado por Canacintra, Coparmex Laguna, Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Unión Ganadera Regional de la Laguna, entre otros. En él, afirmaron que “los sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango no aguantan más” y exigieron al gobierno federal una intervención inmediata.
Los firmantes aseguran que se ha “institucionalizado” el cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales, acompañado de amenazas y represalias contra quienes se niegan a pagar. Entre los afectados mencionaron campesinos, transportistas, comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios.
Prácticas denunciadas
De acuerdo con el desplegado, entre las prácticas se encuentran cuotas por transporte de materiales, control forzado en el comercio de silo y alfalfa, apropiación de obras públicas y privadas, cobros en la movilización de ganado, y presunto desvío ilegal de agua con cuotas de hasta 20 mil pesos por hectárea.
También señalaron extorsiones en retenes de alcoholímetro y la imposición en el manejo de módulos de riego. El pronunciamiento advierte que la problemática se ha extendido a municipios como Tlahualilo, Ceballos, San Pedro del Gallo y Cuencamé.
Exigencia a autoridades
Los organismos solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de la CATEM con grupos delictivos y brindar protección a las víctimas.
Además, refrendaron su apoyo al proyecto Agua Saludable para La Laguna, aunque pidieron una revisión sobre el papel del sindicato en los módulos de riego.
Respuesta de la CATEM
La CATEM rechazó las acusaciones y las calificó como una “campaña negra”. Señaló que los señalamientos carecen de sustento jurídico y pruebas documentales, y defendió que las cuotas sindicales están contempladas en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo.
El sindicato pidió que cualquier denuncia se presente ante autoridades competentes y aseguró estar dispuesto al diálogo con los tres niveles de gobierno y con representantes empresariales y sociales.
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