La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó reformas para que las y los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar en elecciones federales y locales, así como participar en mecanismos de democracia directa.
Con 18 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se modificó el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). El decreto entrará en vigor en 2026, de acuerdo con los calendarios electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales.
Alcances de la reforma
El nuevo marco legal permitirá que los connacionales puedan votar por Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
En el ámbito local, se permitirá votar por gobernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, diputaciones locales, presidencias municipales y alcaldías, así como por personas juzgadoras de los poderes judiciales estatales, si así lo determinan las constituciones locales.
También se incluye el derecho a participar en consultas populares y en la revocación de mandato.
Los congresos estatales tendrán 180 días para armonizar sus leyes. El INE y los organismos locales deberán coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población para implementar la reforma.
Programa de credencialización
En otra votación, con 17 votos a favor, la Comisión aprobó reformas al artículo 334 de la LGIPE para establecer un programa de credencialización en embajadas y consulados. El objetivo es facilitar el trámite de credenciales para votar y promover la participación electoral desde el extranjero.
El INE realizará campañas de difusión en coordinación con los organismos públicos locales. Las representaciones diplomáticas se encargarán de apoyar en la entrega y tramitación de credenciales.
Posturas en la Comisión
El presidente de la Comisión, Víctor Hugo Lobo Román (Morena), afirmó que la reforma busca garantizar la igualdad de derechos político-electorales.
Legisladores de diferentes partidos expresaron apoyo general, aunque algunos, como Pablo Vázquez Ahued (MC) y Paulina Rubio Fernández (PAN), señalaron preocupaciones sobre el alcance y viabilidad presupuestal.
Otros diputados destacaron que la medida corrige una “omisión histórica” hacia la comunidad migrante.
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