El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, se presentó este martes ante el Poder Judicial de la Ciudad de México para interponer una denuncia contra la diputada del PRI, Tania Larios, a quien había sido señalado previamente por presuntas amenazas ocurridas en 2024 dentro del Congreso capitalino.
La denuncia ocurre más de un año después de que Larios solicitara públicamente que se investigaran los hechos ocurridos en una sesión legislativa, en la que aseguró haber recibido amenazas verbales por parte de Rubalcava, quien entonces todavía militaba en el Partido Revolucionario Institucional y que, meses después, renunció a sus filas para unirse a Morena.
La información fue dada a conocer por la periodista Lourdes Mendoza, quien también ha sido objeto de denuncias por parte de Rubalcava. En sus redes sociales, Mendoza cuestionó la acción del funcionario, señalando que “exige disculpas públicas como castigo por atreverse a exponerlo”, y advirtió sobre un patrón de presunta utilización del aparato judicial para responder a quienes denuncian conductas indebidas desde el poder.
“Amenazas, denuncias, intimidación. Así buscan silenciar a quien alza la voz”, escribió Mendoza, quien también subrayó que tanto ella como la diputada Larios han sido las únicas denunciadas por Rubalcava, lo que, a su juicio, refleja una posible estrategia contra mujeres opositoras.
Hasta el momento, ni Rubalcava ni Larios han emitido declaraciones públicas sobre el nuevo procedimiento legal, y no se ha informado si la Fiscalía capitalina ha iniciado una carpeta de investigación formal.
El conflicto entre ambos personajes inició en 2024, cuando Tania Larios denunció en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México que había sido amenazada por el entonces priista. La legisladora solicitó entonces protección institucional y acompañamiento jurídico.
El caso ha reactivado el debate sobre el presunto uso del sistema judicial como mecanismo de presión política, particularmente en escenarios donde están involucradas figuras que han cambiado de militancia partidista y ocupan cargos clave en la administración pública capitalina.
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